Este jueves 20 de marzo, el Concejo Municipal de Chillán eligió a quienes integrarán la primera Comisión Investigadora en la historia del organismo, aprobada la semana pasada por unanimidad de los concejales.
La comisión quedó conformada por Carolina Chávez como presidenta, Brígida Hormazábal como vicepresidenta, y Raúl Franulic y Catalina Sandoval como los dos últimos integrantes de este grupo fiscalizador.
La nueva presidenta de la Comisión Investigadora, Carolina Chávez, comentó: “Me tomo esto con mucha responsabilidad y altura de miras. Mi compromiso siempre ha sido velar por la transparencia y probidad dentro del municipio y que los recursos públicos se utilicen de manera correcta, y es esto lo que seguiré haciendo. Hoy lo importante es poder asegurarle a nuestros vecinos y vecinas que los dineros se invertirán de buena manera y siempre pensando en el bienestar de la comunidad”.
Esta Comisión Investigadora abordará el juicio de cuentas iniciado por Contraloría contra el alcalde Camilo Benavente y otros tres funcionarios municipales, por un presunto daño al patrimonio de la municipalidad (más de $1.400 millones) respecto a la concesión de áreas verdes de Chillán. También se analizará el oficio 704 de Contraloría, en el que se precisan irregularidades dentro de la actual administración, las cuales provocaron la reciente formalización del ex administrador Municipal, Richard Guzmán.
A inicios de este mes, 
La Fiscalía de Chillán formalizó al exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Richard Vicente Guzmán Fernández, por tres delitos de negociación incompatible, tras lo cual el Juzgado de Garantía lo dejó con la medida cautelar de prohibición de salir del país.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, explicó que el imputado en 2017 formó una empresa con un socio, la que se mantuvo activa hasta 2024. Ya en el año 2021 en el cargo que ostentaba (renunció en diciembre de 2024) dio interés a su socio en tres hechos, debiendo haberse inhabilitado.
Las operaciones o gestiones en que intervino, en razón de su cargo, dicen relación con que el 29 de junio de 2021 solicitó incorporar a su socio como profesional a contrata en la administración municipal que dirigía.
Además, el 23 de septiembre de 2021, solicitó la renovación de la contrata de su socio hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Y el 30 de diciembre del año 2021, volvió a solicitar la renovación de la contrata, agregando que debía subir de grado en la escala de remuneraciones de 9 a 8.
El fiscal Sergio Pérez precisó que “el imputado debió inhabilitarse de intervenir en la contracción de su socio, manifestando la implicancia que lo afectaba a su superior jerárquico, cosa que no hizo, vulnerando lo prevenido en el artículo 62, número 6, de la Ley 18.575 y el artículo 12° de la Ley 19.880”.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó un plazo de cuatro meses para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
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