El Juzgado de Garantía de San Carlos, mediante la magistrado Claudia Gómez, resolvió aumentar el plazo de investigación judicial de la causa denominada “Caso Led”, que está en manos del Ministerio Público Regional de Ñuble y que tiene alcances nacionales relacionadas con delitos de corrupción en el marco de licitaciones para el recambio de luminarias del alumbrado público en diversas municipalidades del país.
Esto luego que en la audiencia, cuyo principal objetivo era formalizar a un nuevo imputado, se debatiera sobre la necesidad de extender el periodo autorizado para continuar con peritajes e interrogatorios. Y aunque el Ministerio Público, mediante la fiscal Paulina Valdebenito, había pedido que la prórroga se extendiera hasta mayo del 2022, las defensas, sin mostrarse contrarias a la necesidad de alargar los plazos, pidieron que fuera más acotada.
En esta causa han participado tanto las brigadas investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán, como las unidades especialistas en delitos de corrupción y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Santiago, por lo que es en virtud de una serie de informes y peritajes aún a la espera de evacuarse, los persecutores (e incluso las defensas) requerían más tiempo para estudiar el caso.
De esta forma, será en el mes de octubre que se dará por finalizada la investigación para comenzar con la etapa procesal de preparación de juicio oral y finalmente, el litigio final, que debería ser en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, toda vez que -y por el llamado principio de ejecución- las indagaciones partieron en la Municipalidad de San Carlos.
“Me parece bien, yo había pedido un plazo de seis meses e incluso los colegas que defienden a (Marcelo) Lefort no se opusieron cuando se pidieron 10 meses. Creo que cuatro meses es un plazo razonable, considero que la jueza resolvió conforme a lo que significaban las diligencias pendientes”, comentó Giovanni Gotelli, abogado representante del exasesor judicial, Marcelo Campos, imputado por cohecho, quien ya durante la audiencia había reparado en que “el plazo que pide el Ministerio Público, nos parece exagerado”.
Otro de los puntos que se esperaba pudieran resolverse en la audiencia de ayer, se relacionaba con una solicitud de sobreseimiento de la arista de San Carlos que presenta este caso.
La petición había sido anticipada por la defensa del dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, presumiblemente con el propósito de que, en caso de concederse, luego se pudiera discutir un cambio de sede judicial para continuar con el proceso.
Sin embargo, al inicio de la jornada los abogados de este imputado –y único que se mantiene en prisión preventiva- se abstuvieron de actuar en ese sentido, por lo que el proceso seguirá siendo arbitrado por los jueces sancarlinos.
Vendiendo berlines
Ya en lo medular, el Ministerio Público formalizó al empresario e ingeniero George Latrille Hucke por el delito de soborno. A petición de la Fiscalía, el imputado quedó con arresto domiciliario total.
La fiscal Paulina Valdebenito, parte del equipo de la Fiscal Regional de Ñuble, expuso en la formalización que para no dejar rastro de la trazabilidad del dinero entregado como sobornos, en Itelecom surgió la necesidad de generar dinero efectivo para la realización de los pagos.
“A partir del año 2018 el imputado Lefort estableció, como otra forma de generar dinero efectivo, la utilización de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados de distintas empresas, entre las cuales se encontraba la empresa GLH Ingeniería y Consultorías SPA, cuyo dueño es el imputado George Latrille” dijo en la audiencia.
La persecutora precisó que Lefort y Latrille se concertaron para elaborar una operatoria consistente en transferencias de dinero que se realizaban desde la cuenta corriente de alguna de las empresas del grupo Itelecom a la empresa GLH Ingeniería y Consultorías SPA, por el pago de servicios no prestados y contra la emisión de facturas ideológicamente falsas emitidas por esta última,.
Luego, se repetía esta misma operación entre GLH Ingeniería y Consultorías SPA con otras presuntas empresas de papel que también le emitían facturas ideológicamente falsas.
El relato fiscal, además, da cuenta que en las pesquisas por conocer cuántas eran las empresas que podrían haber ayudado a Itelecom a blanquear sus sobornos, dieron con un total de 14.
La PDI consiguió el nombre de uno de los que –nominalmente- figuraban como dueños de estas empresas, precisamente GHL. Se trataba de Claudio Medina Henríquez, quien tras ser rastreado por los funcionarios policiales, lo lograron ubicar finalmente, vendiendo berlines en la intersección de Libertador Bernardo O’Higgins con Avenida Las Rejas, en la Región Metropolitana.
En su declaración se reconoció como adicto a las drogas y en situación de calle, explicando que había sido contactado por un integrante de un bufete de abogados que trabajaba para Latrille creando empresas de papel, para que firmara como dueño de GHL en una notaría.
De esa declaración fue que para la PDI se aclararía el modo de operar del ingeniero y se logró dar con otras personas en esta misma situación, que se prestaron para esas gestiones, a cambio de dinero.
La Fiscalía detalló que “las maniobras descritas permitieron la entrega, por parte del imputado Latrille, de una suma aproximada total de 630 millones de pesos en efectivo a los imputados Lefort y Bustos, dinero que fue destinado al pago de los sobornos señalados”.
La fiscal Valdebenito expuso que “el mismo día 27 de abril el imputado Lefort le informó al imputado (Marcelo) Campos que estaba disponible el dinero en efectivo para el pago del soborno”.
“Al día siguiente el imputado Campos informó lo anterior al imputado Vallejos, además de indicarle que viajaría a la ciudad de Santiago para recibir el dinero de parte del imputado Lefort. Con posterioridad al día 27 de abril de 2020, el imputado Latrille, luego de realizadas las gestiones ya mencionadas, hace entrega material del dinero en efectivo personalmente al imputado Lefort”, dijo
El ex asesor jurídico del municipio de Chillán, Marcelo Campos, fue detenido por la PDI el 5 de mayo de 2020, portando un maletín con 37 millones de pesos. Ese día había llegado a su casa, en Chillán, tras viajar a Santiago a buscar el dinero que presuntamente le entregó el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort por concepto de soborno.
