A partir de las 10 horas de mañana, la Cámara de Diputados revisará y votará la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI).
El libelo, presentado por un grupo de parlamentarios de oposición, cuestiona al exsenador por Ñuble por no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro de camioneros de agosto pasado, y por una diferencia en el trato respecto de las manifestaciones mapuche; y también por no ejercer control jerárquico sobre Carabineros, en el marco de la persecución policial que terminó con un adolescente en el lecho del río Mapocho.
La semana pasada, la comisión encargada de revisar la AC en contra de Pérez resolvió aprobar el mérito del libelo y recomendarán a la sala de la Cámara rechazar la cuestión previa -si la invoca la defensa- y aprobar el fondo de la acusación. Sin embargo, su decisión no es vinculante y el pleno es soberano para resolver.
La diputada Loreto Carvajal (PPD), quien presidió la instancia, manifestó que “luego de analizar en su mérito el libelo existen razones fundadas para avanzar. Se hace totalmente meritorio votar a favor de la acusación contra el ministro del Interior, pues los antecedentes son contundentes. La responsabilidad del orden y la seguridad pública recae en el ministro del Interior. Si no reconoce las responsabilidades que el país le ha mandatado, no merece seguir como secretario de Estado. Sin duda apoyaré la acusación contra el ministro Pérez”, aseveró la legisladora por Ñuble.
Su par independiente, Carlos Abel Jarpa, también respaldará la AC.
“Esta acusación, a diferencia de la del exministro Mañalich, la enfrentamos en un contexto distinto, con un ministro aún en su cargo que es responsable no solo del gabinete político, sino también de la seguridad pública del país. Se construyó, además, con todos los sectores en virtud del sustento jurídico que la antecede. Es más, la defensa del ministro en la comisión fue sumamente deficiente, y su argumento preliminar de intentar endosar responsabilidad de las acciones de Carabineros en la cartera de Defensa es un error de carácter muy grave. Al igual que la situación que se vivió en el paro de camioneros, en que se apreció una ejecución de la ley con discrecionalidad y arbitrariedad”, sostuvo el parlamentario.
El diputado DC, Jorge Sabag, sin embargo, no votará a favor del libelo.
“Las acusaciones constitucionales deben ser siempre el último recurso jurídico del congreso cuando hay graves alteraciones del orden público por actos reiterados y personales de un ministro de Estado. Creo que en el caso del ministro, Víctor Pérez, es más bien una cuestión política tendiente a propinarle una derrota al actual gobierno, y que en este caso, como en todas las acusaciones, hay que votar en conciencia y no con miedo”, afirmó el legislador.
Agregó que “no podemos condenar e inhabilitar por cinco años a un ministro a solo tres meses de haber asumido, por darnos un gustito político, menos aún por situaciones que no tienen un sustento jurídico como tal.
Votaré en conciencia y sin miedo, porque estamos en un régimen democrático, siempre pensando en el bien superior de nuestro país. Hoy deberíamos estar abocados a apoyar a esas miles de familias que sufren producto de la pandemia, y no en este tipo de cosas”, aseveró.
Sabag añadió que el modo adecuado de proceder en este caso, era una interpelación y no una AC.
“Yo sé que esto es impopular, pero no estoy en el congreso por tratar de matar al opositor, sino por hacer lo correcto, y aunque me cuestionen, yo actuaré en consecuencia con mis principios y con lo que creo ético”, planteó.
Solidaridad entre pares
Desde el oficialismo, el diputado de la UDI, Gustavo Sanhueza, hizo un llamado el fin de semana a sus colegas de Ñuble a dar un ejemplo de unidad frente a la acusación constitucional en contra del ministro Pérez. “Cuando se ha trabajado en equipo, cuando se ha trabajado por la gente de Ñuble, tiene que existir una solidaridad de parte de quienes les correspondió trabajar con el exsenador”, afirmó el legislador, quien destacó que las acusaciones constitucionales deben ser siempre el último recurso jurídico, “entendiendo que también cumplen un rol fundamental el Poder Judicial y los órganos persecutores. Somos conscientes que estamos en presencia de un juicio político, pero se debe ajustar a derecho. No podemos condenar a muerte civil a un ministro al que se le acusa por actos que no cometió, y a solo tres meses de haber asumido en el gobierno”, aseveró.
Dentro de las razones que esgrimió Sanhueza para rechazar el libelo están “la calificación aberrante de que se trata de una violación sistemática de los derechos humanos; que estamos en presencia de una acusación políticamente sesgada y que se comete el error de pretender que el ministro tenga mando operativo sobre Carabineros”, sentenció.
En tanto, su par de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que “hemos estado revisando la acusación, que nos llegó hoy, y hasta el momento, no he podido encontrar una razón jurídica para acusar al ministro. Evidentemente ésta es una acusación política, pero la característica de la AC es que se debe basar en hechos jurídicos que condenen al ministro en el cargo, ya sea porque éste ha incumplido la ley, o porque ha puesto en riesgo la seguridad nacional o el honor de la patria. A mi juicio, no se configuran estos elementos, la acusación es muy rebuscada en el sentido de ligar al ministro del Interior con hechos que comete carabineros en sus procedimientos establecidos de manera interna. El rol del ministro es brindar seguridad, pero no estar al pendiente de la parte operativa, que es algo que se repite en el libelo”, sostuvo Sauerbaum.
Según el diputado de RN, “es evidente que aquí hay un interés de la ex Nueva Mayoría y de la izquierda más dura de encontrar puntos de unión, y el único que encuentran es presentar ataques permanentemente. Ya se ha acusado a ocho ministros, se han conformado más de 50 comisiones investigadoras. Hay un acoso evidente que no deja avanzar en materias relevantes para el país. El rol del Estado es mantener el orden y la tranquilidad, y acusar al ministro por aplicar políticas que van en esa dirección, me parece inconsistente”, aseveró.
