Destinando al menos dos sesiones a la semana para su estudio, la comisión de Economía del Senado busca agilizar el despacho del proyecto que regula la portabilidad financiera.
La iniciativa, en segundo trámite, cobró suma urgencia a raíz del impacto de la pandemia Covid- 19 en el mercado financiero y el debate en torno a que la banca pueda ofrecer nuevas condiciones de pago de crédito a sus clientes.
Así lo entienden los integrantes de la instancia, ya que el proyecto en cuestión viene a facilitar el traspaso de productos de un banco a otro, permitiendo al consumidor acceder a mejores ofertas y sin estar “atado” a algún proveedor específico.
De esta forma, la comisión avanza progresivamente en el total de 78 enmiendas introducidas al texto. Algunas de las disposiciones que han sido debatidas e incluidas en el texto son facilitar la evaluación de alternativas de cambio de proveedor, a través de un único certificado que contendrá los costos, comisiones e intereses del nuevo oferente, que a su vez incluirá un comparado con el proveedor actual; simplificar el trámite de cambio de institución, ya que el nuevo proveedor se encargará de recabar toda información requerida para la portabilidad; y más competencia y dinamismo en el mercado, lo que en consecuencia mejorará las condiciones en cuanto a tasas de interés, plazos, utilidades, reducción de costos de comisiones, etc.
Piedra de tope
Un aspecto en donde se ha centrado el debate de las últimas sesiones, ha sido la exclusión de subrogar ciertos tipos de crédito hipotecario.
El artículo 25 del proyecto, sobre excepciones a la aplicación de esta ley, señala que “No se aplicará a los créditos otorgados bajo la modalidad de bonos hipotecarios o letras de créditos hipotecarios, como tampoco respecto de créditos que hayan sido otorgados al cliente por más de un proveedor inicial”.
Cabe consignar que la “subrogación” corresponde al proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor, con la finalidad de pagar un crédito que el cliente mantiene con el proveedor inicial.
Al respecto, se escuchó en la sesión del 7 de abril a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, y se dio cuenta que en la Ley General de Bancos aparecen estas dificultades, pues se establecen períodos de “bloqueo” del pago de las letras de crédito.
El presidente de la instancia, el senador Álvaro Elizalde, aseguró que “las instituciones nos han planteado que es un aspecto que se puede regular en el Reglamento, pero la portabilidad no puede ir más allá de las normas de pago anticipado”.
Por otra parte, los senadores deberán resolver en las instancias siguientes las sanciones aplicables por falsificación de documentos o incumplimiento de parte del proveedor, el articulado sobre las normas de protección de los consumidores y su derecho a retracto; y la comunicación que deberán tener las instituciones financieras en el proceso.
Protección de datos
¿Qué ocurre con la información personal si la portabilidad no se lleva a cabo? Fue otra de las interrogantes que resolvieron los congresistas con el fin de evitar que los datos recabados por los bancos se utilicen en otros fines.
En ese sentido fue enfático el senador Felipe Harboe, quien planteó a la comisión que los bancos deben devolver la información a los clientes y eliminarla de sus sistemas. Así, se aprobó de manera unánime un texto de consenso que indica, “los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado”.
“Se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospera deberán ser eliminados del sistema del oferente y no podrán ser usados para otros fines”, agrega la disposición.
