Nuevas comunas se siguen sumando en Ñuble al rechazo a la instalación de medidores inteligentes que promueve el Gobierno y que, temen, pueda ser favorable para las empresas eléctricas y gravoso para los clientes.
La última comuna que se sumó a este movimiento nacional fue Ránquil, cuyo Concejo aprobó por unanimidad de sus integrantes que las distribuidoras eléctricas no cambien los equipos que miden el flujo eléctrico de las viviendas.
El alcalde Benito Bravo Delgado comentó que efectivamente el gobierno comunal emitió un voto en contra de la medida “pues esto afectará a la mayor parte de nuestra comuna, cambiando las condiciones de cobro e imponiendo equipos que nadie quiere”.
El alcalde enfatizó que “con esta declaración estamos canalizando una inquietud de la comunidad que se ha manifestado contraria a una modificación en las reglas que rigen el funcionamiento del sistema de cobros”.
La semana pasada fue el turno de la Municipalidad de Bulnes, la que igualmente emitió una declaración unánime contra la imposición legal de una acción que, a su juicio, parece perjudicar a la comunidad.
El alcalde Jorge Hidalgo, manifestó que “el concejo planteó un rechazo total a que se instalen medidores inteligentes, pues implicará que la gente tendrá que pagar el recambio de equipos que tienen alto costo”.
Hidalgo recalcó que “lamentablemente los ciudadanos se verán perjudicados con esta nueva normativa legal”.
Chillán podría sumarse
En Chillán la mayoría de los concejales son contrarios a que se aplique esta ley, que le permitirá a las empresas sacar de circulación equipos que están en perfectas condiciones imponiendo eventuales gravámenes a las personas.
El tema ha sido visto solamente a nivel de concejales, pues no existe una política que haya sido planteada desde la alcaldía para que ingrese a la tabla de los concejos y se produzca una votación al respecto.
La temática, precisó la concejala Nadia Kaik (RN), “fue expuesta en concejo y la mayoría votamos en contra de los medidores inteligentes, pero como no ha sido propuesta por el alcalde no podemos decir que Chillán se oponga a esos equipos, pero sí es evidente que los concejales los rechazamos”.
El que ha sido mucho más crítico al respecto es el concejal Víctor Sepúlveda (PC). Este incluso promovió a nivel local una campaña para reunir firmas contra la normativa legal”.
“En pocos días logramos reunir más de cinco mil firmas en la ciudad, a través de una actividad muy bien coordinada y en la cual contamos con una alta participación ciudadana”, destacó el edil.
Sepúlveda recalcó que todas las acciones que se realizan a nivel regional y nacional tienen por ahora un valor simbólico, pues no van a cambiar la ley, pero es posible que la presión ciudadana termine sensibilizando a los parlamentarios para que hagan modificaciones posteriores.
El edil del PC sostuvo que están a la espera del resultado de un pronunciamiento que fue presentado ante la Contraloría por la comunidad organizada de Valparaíso, con el fin que ese organismo estudie el tema en detalle.
Agregó que las empresas eléctricas “harán un gran negocio con este tema, pues cambiarían 7 millones de medidores y cobrarán mensualmente una pequeña cuota mensual que les reportará unos $2.500 millones cada mes”.
El concejal Patricio Huepe (DC), matizó expresando que lamentablemente la modernidad es la que plantea estos hechos que pueden afectar a los usuarios, pero donde el Estado debe actuar como órgano regulador evitando que las empresas cometan abusos al tener una posición ventajosa y que les dará además un capital extra.
Subrayó que si existe una ventaja respecto del cambio de medidores, ella es que las personas que tienen producción fotovoltaica en sus hogares podrían inyectar energía al sistema, con lo que podrían incluso recibir ingresos extras.
