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En los próximos días el gobierno presentará un veto al proyecto de elección en dos días, específicamente en lo relacionado a mantener las multas por no votar, las que fueron eliminadas durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso.
Si bien intentó corregirse lo determinado por la Cámara de Diputadas y Diputados en el Senado y por la vía de una comisión mixta, no hubo acuerdo entre los legisladores, ya que surgió una nueva inquietud: la no aplicación de sanciones por no votar a los extranjeros residentes, tesis que defendió el oficialismo, ya que de acuerdo a la Constitución, no son ciudadanos, y las multas se aplican a los ciudadanos.
Toda la polémica que ha rodeado la tramitación de esta normativa ha generado un ambiente negativo a pocos meses de los comicios, ya que a juicio de algunos, se estaría intentando torcer la ley electoral para retornar veladamente a un voto voluntario.
Improvisación de diseño
Desde la academia, el doctor en Administración y Política Pública, Cristian Quiroz, sostuvo que “la discusión en torno al voto de extranjeros y una maniobra legal para una suerte de voto voluntario al eliminar multas por no votar, a tres meses de una elección, es claramente una improvisación de diseño. No me parece oportuno el momento, pues este tipo de consideraciones se deben analizar y resolver con seriedad y la debida anticipación, no pensando en cada elección y la correlación transitoria de fuerzas políticas, sino más bien en el robustecimiento de la institucionalidad democrática del país”.
Quiroz precisó que “aquí se puede entrar en un debate de fondo. Existen múltiples críticas y defensas a la llegada de extranjeros a residir a nuestro país y los argumentos se revierten frente a los derechos políticos que se les pueda reconocer. Entonces, la proximidad a la migración tiene un fundamento bien débil y oportunista en este debate. ¿Cuánto suma o resta el voto extranjero para esta elección? Ese no debió ser el punto de partida. Por el contrario, el contexto de movilidad humana debe considerar desde un inicio los derechos políticos que la sociedad chilena está dispuesta a entregar, definir cómo se asume inclusivamente la participación política con la articulación del concepto de nacionalidad y el de residencia, este último, reconocido constitucionalmente en nuestro país desde hace algunos años”.
Según el académico, “la discusión del voto transnacional y el fenómeno migratorio es demasiado serio, con diversos efectos que deben ser asumidos con responsabilidad, y no con cálculos cortopolacistas”.
Para la politóloga y académica de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon, “comprender al electorado en los tiempos actuales es complejo, porque estamos recién aprendiendo cómo votan con inscripción automática y voto obligatorio. Es aún más complejo apropiarse del voto obligatorio a nivel comunal y regional por varias razones. Se requiere más puerta a puerta y conversar. Hay más independientes, porque tienen mayor posibilidad de salir, especialmente en las elecciones de alcaldes(as)”.
Según Simon, “el debate sobre la multa ha sido poco interesante. Hay que buscar maneras de motivar a las personas a votar con campañas y candidaturas interesantes. Hay un debate sobre si debemos obligar a las personas extranjeras a votar. Hay una diversidad de posiciones ideológicas entre las personas extranjeras, no veo que su voto favorezca a una fuerza por sobre otra. Como las personas extranjeras forman parte del electorado, si hay multa les corresponde al igual que un chileno(a). Lo que ocurre es que quizás no saben que tienen el derecho y la obligación de votar”.
Importancia del voto obligatorio
Desde la UDI, colectivo que defiende el voto obligatorio y la multa para todos los electores, la exconsejera constitucional, Carolina Navarrete, afirmó que “lo grave de la iniciativa es que modificó completamente el foco de la discusión. El proyecto se presentó pensando en evitar aglomeraciones y largas filas, justamente porque es la primera gran elección con cuatro cargos tras el regreso del voto obligatorio. Algunos no estaban de acuerdo por motivos de transparencia y resguardo de los votos de una día para otro, pero luego se conoció el informe del Servel con las motivaciones técnicas de la iniciativa, y se comenzó su tramitación en el Congreso Nacional. Hasta ahí todo bien; pero en el minuto que se puso sobre la mesa la idea de eliminar la sanción para quienes no concurran a votar, todo cambió”.
Navarrete planteó: “pasamos de discutir la elección en uno o dos días a distinguir entre ciudadanos y electores, cuestión muy grave en una democracia, donde si hay una instancia en la que todos tenemos la misma voz, son las elecciones, a través del sufragio. ¿Qué sentido tendría volver al voto obligatorio si no existe sanción alguna para quienes no concurran a votar?”.
Y agregó: “Específicamente, la medida buscaba dejar sin multa a los extranjeros con derecho a voto; mi opinión es que se sabe que gran parte de ese voto extranjero es contrario a la ideología de quienes hoy gobiernan nuestro país, por lo tanto, con esa medida se busca claramente, desincentivar su participación en las próximas elecciones de octubre, y con ello, manipular un resultado electoral, que a la luz de las encuestas y sumado a lo mal que lo ha hecho el gobierno en materia de seguridad, se cree, puede ser más favorable a la oposición”.
Para Navarrete, “es una motivación gravísima, antidemocrática y con un claro sesgo político por parte de quienes la promovieron. Y más si es decisivo el voto extranjero o no, es peligroso entrar en el debate para hacer diferencias entre el voto de unos y otros. No es un tema cerrado, quizás con el tiempo adecuado se pueda analizar en profundidad, pero como digo, el objetivo de la discusión no era ése”.
Según el presidente regional de la DC, Paulo Campos, “la democracia no solo se basa en los derechos, sino también en los deberes y obligaciones de los ciudadanos. En la reciente discusión sobre la eliminación de sanciones por no votar, se corre el riesgo de socavar uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: el voto obligatorio. El voto no solo es un derecho fundamental, sino también un deber cívico. Al votar, los ciudadanos no solo ejercen su poder de decisión sobre quién los representará, sino que también participan activamente en la construcción del futuro de su país. La obligatoriedad del voto garantiza que esta responsabilidad se tome en serio y que todos los ciudadanos tengan una voz en el proceso democrático”.
Para Campos, “una de las principales ventajas del voto obligatorio es que asegura una alta participación electoral. En sistemas donde el voto es opcional, la abstención puede ser alta, lo que lleva a resultados que no representan adecuadamente la voluntad de toda la población. El voto obligatorio asegura que todos los sectores de la sociedad estén representados, lo que fortalece la legitimidad del gobierno y de las políticas que implementa. El voto obligatorio también promueve la educación y la conciencia cívica. Al ser obligatorio, se fomenta que los ciudadanos se informen sobre los candidatos y las propuestas, lo que lleva a un electorado más informado y comprometido. Este compromiso cívico es esencial para el funcionamiento saludable de una democracia, donde las decisiones se basan en un entendimiento sólido de los problemas y las posibles soluciones”.
En un contexto donde el voto es obligatorio, sostuvo, “es más difícil para los grupos de poder manipular el resultado de las elecciones mediante la movilización selectiva de votantes. La obligatoriedad del voto nivela el campo de juego y reduce el impacto de las campañas populistas que pueden atraer a votantes desinformados o desinteresados. De esta manera, se promueve un proceso electoral más justo y equitativo. Las sanciones por no votar son una herramienta necesaria para asegurar el cumplimiento del deber cívico. Sin estas sanciones, la obligatoriedad del voto se vuelve ineficaz. La contumacia del gobierno en proponer la eliminación de estas sanciones puede interpretarse como un intento de debilitar la participación ciudadana y, en última instancia, la democracia misma. Es crucial que las obligaciones cívicas se mantengan con firmeza para garantizar la estabilidad y la representatividad del sistema democrático”.
Desde el Frente Amplio, su presidenta regional (E), Francisca Leyton, expresó que consideran que la discusión parlamentaria que ha trascendido en la prensa “no está abordando con claridad el debate sobre el carácter del sufragio. El derecho ciudadano al voto no es solo el acto mismo de votar, sino que también el derecho a informarse públicamente, a manifestar intereses y a gozar de una educación que permita participar de la formación democrática de la voluntad popular. Creemos que esas condiciones están en absoluto entredicho: la concentración de propiedad de los medios de comunicación, el poco tiempo que llevan funcionando los planes de formación ciudadana prescritos para el currículum o la inexistencia de un canal de televisión público son temas que permiten cuestionar si los argumentos tras la obligatoriedad o voluntariedad del voto son sinceros y reales”.
Según Leyton, “el Estado debe garantizar esos mínimos para asegurar la libertad política de la ciudadanía. Desde el Frente Amplio Ñuble tenemos la seguridad de que los problemas de nuestra región se resuelven con más y mejor democracia, con cooperación comunitaria-público-privada y gestión colaborativa. El debate sobre el sufragio requiere considerar estas coordenadas”.
Respecto de la polémica del voto extranjero, afirmó, “ningún sector político puede arrogarse su representación. En efecto, las realidades de quienes han hecho de nuestro país su residencia son muy variadas y heterogéneas. Sin embargo, coincidimos con algunos analistas de que la situación constitucional en la que se encuentran los inmigrantes en Chile es debatible, porque se les confiere derechos ciudadanos que, a nuestro juicio, requieren más que la sola residencia en un territorio, pues tienen efectos a mediano y largo plazo, en tanto expresan también una cierta conciencia del pasado, del presente y el futuro del país y de quienes componemos la comunidad nacional”.
Por ejemplo, dijo, “en Estados Unidos, la residencia no basta para obtener la ciudadanía. Se deben, además, pasar procesos como entrevistas sobre la historia del país, sobre el sistema político del país y el manejo de la lengua. Entonces, creemos que hay evidencia para sostener un debate al respecto”.
