Continuar la discusión en general del proyecto de ley que busca garantizar la accesibilidad universal a la información pública, fue el objeto de la última sesión de la comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La propuesta modifica las leyes 20.285, sobre acceso a la información pública, 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.
Para su revisión, la instancia recibió al presidente del consejo directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete.
El personero sostuvo que esta propuesta tiene una intención loable, como es “aumentar los estándares de accesibilidad universal a todos los documentos y actos públicos del Estado”.
Asimismo, añadió, “eliminar barreras para garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, puedan acceder de manera equitativa a la información y servicios proporcionados por el Estado”.
Navarrete postuló que este esfuerzo se vincula íntimamente con los principios de la ley de transparencia. “Efectivamente hoy, los principios de facilitación y no discriminación pueden ser entendidos desde un prisma de accesibilidad universal a la información pública”, enfatizó.
Por último, planteó que este proyecto, de autoría parlamentaria, incorpora nuevas obligaciones que involucran un costo económico para los órganos de la administración del Estado, así como para el Consejo para la Transparencia.
Accesibilidad Universal
A su vez, el director general del citado consejo, David Ibaceta, sostuvo que, por razones de coherencia y estrategia legislativa, todas aquellas iniciativas que digan relación con modificaciones a la Ley 20.285 debieran subsumirse e incorporarse al proyecto de ley que modifica dicha norma, actualmente en trámite. Esto, con la finalidad de evitar eventuales incongruencias normativas o duplicidad en la regulación sobre la materia.
Sobre el contenido del proyecto, manifestó que emitir documentos en formato digital con firma electrónica y publicarlos en dicho formato es una obligación que conlleva, no solo adaptabilidad progresiva por los organismos, sino un costo económico que parece no estar cuantificado en el proyecto.
Por esa razón, consideró que la propuesta irrogaría con alta probabilidad gasto fiscal e incidiría en la administración financiera del Estado. En tal caso, constituiría una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”, afirmó.
Ibaceta también postuló que el Consejo para la Transparencia valora el establecer mecanismos que hagan accesible la información a toda la ciudadanía.
Finalmente, sugirió que la norma establezca el principio de lenguaje claro y comprensible para todas las personas, garantizando así su accesibilidad, conforme a la generación, publicación y entrega de información de los órganos del Estado.
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