Luego de 45 días de trabajo, en la que se realizaron 30 sesiones y se escucharon 42 representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales, además de analizar 58 sugerencias planteadas por la ciudadanía, la comisión para la probidad entregó 46 medidas, de las cuales se dieron a conocer 13.
El grupo de expertos fue liderado por María Jaraquemada, mientras que Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero componen la comisión.
Entre las medidas propuestas destacan las siguientes:
Ley general de transferencias: Se propone la creación de una ley permanente que regule de manera general y supletoria las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.
Mayor control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio: Se busca integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.
Obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al Concejo Comunal: La medida consiste en establecer la obligación de informar y rendir cuentas al Concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación.
Reducir el rango de 7.000 UTM la inversión previsto en la Ley de Gobiernos Regionales: Se propone reducir el monto para el cual se requerirá, por el Gobernador Regional, la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas.
Establecer un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a IPSFL: Se establecen normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación relativas a incumplimientos por parte de IPSFL respecto de transferencias públicas, con un catálogo posible de medidas, de carácter proporcional a la gravedad de la infracción, tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión.
Normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común: Se propone incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales.
