La comisión mixta que revisará el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, se constituyó ayer, para resolver las últimas diferencias en su trámite legislativo.
Esto, luego de que la Sala de la Cámara de Diputados rechazara a inicios de septiembre, más de una decena de las 130 enmiendas realizadas al texto en el Senado.
Integran la instancia los senadores Adriana Muñoz (PPD) -quien fue elegida presidente-, Claudio Alvarado (UDI), Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN) y Jorge Pizarro (DC); y los diputados Gabriel Ascencio (DC), Daniella Cicardini (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), Diego Ibáñez (Convergencia Social) y Frank Sauerbaum (RN).
Hasta ahora, las principales diferencias tienen relación con los plazos para la causal de extinción, la situación de las turberas en la Patagonia, procedimientos relativos a las “aguas del minero” y el régimen que se aplicará a los derechos de agua ya otorgados, entre otras.
Un punto relevante, modificado por el Senado, hace referencia a que el derecho de aprovechamiento en el caso de no uso se extinga en 5 años para los consuntivos y 10 años para los no consuntivos (no se consumen, sino que se devuelven al cauce), a diferencia de lo acordado en la Cámara de Diputados, de 4 y 8 años, respectivamente.
El proyecto
Este proyecto tuvo su origen en una moción parlamentaria ingresada en marzo de 2011. Busca establecer el derecho esencial al agua; dar seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento; intensificar y complementar el carácter de uso público del agua; consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas en caso de cumplirse ciertas condiciones definidas en la ley, y proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres.
Regularización de derechos
El diputado Frank Sauerbaum, quien forma parte de la comisión, manifestó que “llevamos diez años discutiéndola en el Parlamento, y por lo tanto, esperamos terminar durante las próximas semanas y definitivamente tener un Código de Aguas que ponga la prioridad en el consumo humano y que también le dé certeza jurídica a nuestros pequeños agricultores, para saber que las inversiones que se hagan en sus campos van a ser respetadas en el largo plazo”.
El parlamentario indicó que, con esta reforma, “los derechos de aprovechamiento de aguas se restringen a 30 años renovables, y también se pone la prioridad en el consumo humano, como parte de los derechos humanos”.
Asimismo, expresó que “nos gusta este proyecto, lo vamos a aprobar; vamos a hacerle algunas modificaciones, por ejemplo, aumentando el plazo para la inscripción (regularización) de los derechos de aprovechamiento de nuestros pequeños agricultores, de cinco a diez años, para dar más tranquilidad, y de esa manera, tengan certeza que sus derechos se van a respetar y van a poder seguir trabajando la tierra”.
