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En los Saltos del Laja sesionó ayer la comisión especial investigadora sobre el otorgamiento de derechos de agua en el río Laja, por parte de la Dirección General de Aguas, a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ).
La comisión se constituyó el 4 de septiembre, con el fin de recabar información y establecer eventuales responsabilidades al interior de la DGA por la resolución de agosto de 2023, que aumentó el caudal máximo que puede extraer la ACCZ, de 22,6 m3/s a 33,0 m3/s, pese a que la Justicia había rechazado la pretensión de dicha organización.
La comisión se conformó a partir de una solicitud de diputados de Ñuble, liderados por Felipe Camaño, sobre la base de la denuncia de organizaciones de del Biobío y Ñuble, entre ellas, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, que también extrae aguas del Laja, que son conducidas por el Canal Laja-Diguillín.
El diputado Frank Sauerbaum (RN), quien preside la comisión, explicó que los parlamentarios escucharon las exposiciones de los canalistas del Canal Zañartu, así como de los usuarios de aguas del río Laja y de los gremios, entre ellos, los agricultores Blancos del Canal Laja-Diguillín (de Bulnes y San Ignacio), la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y la Cámara de Comercio y Turismo de los Saltos del Laja.
“De esta forma, cerramos la investigación luego de más de dos meses y en 15 días se evacuará el informe, que debe ser votado por la Sala de la Cámara, no solamente haciendo un juicio crítico respecto de los organismos del estado involucrados, sino que también, haciendo sugerencias para que los derechos de agua se entreguen, sean utilizados y se fiscalicen de manera adecuada”, precisó el legislador.
