La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión general del proyecto que introduce modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República, propuesta que considera diversas normas sobre responsabilidad administrativa y probidad.
El texto establece fortalecer el rol del organismo fiscalizador y modernizar las normas de responsabilidad y probidad en el sector público chileno. La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), lanzada en 2023, que busca construir una cultura de integridad transversal en el Estado.
También se enmarca dentro de una agenda legislativa anticorrupción del gobierno actual, junto con leyes ya promulgadas como el Estatuto de Protección al Denunciante; y la Modernización de Compras Públicas, entre otras.
Ante una constatación de vulneración grave del principio de probidad o hechos que pudieren ser constitutivos de notable abandono de deberes de alcaldes o gobernadores, previo a un sumario administrativo, la CGR podrá requerir al Tribunal Electoral o al Tribunal Calificador de Elecciones, según corresponda, para aplicar la causal de remoción, y el Consejo de Defensa del Estado podrá asumir el patrocinio a fin de perseguirla. En caso contrario, le corresponderá a la CGR.
