Actualmente, 1.144.354 adultos mayores tienen inmuebles exentos del pago del impuesto territorial. Otros 189.644 acceden al beneficio tributario que implica una rebaja del 50% o 100% en el pago de contribuciones. Sin embargo, un vacío regulatorio no considera la hipótesis que estas personas queden fuera del sistema por el aumento del avalúo de sus inmuebles.
Para hacerse cargo de esta situación, el Gobierno presentó un proyecto que ayer aprobó la Comisión de Hacienda de la Cámara. Este perfecciona el mecanismo para evitar que el incremento del avalúo de los inmuebles los expulse del beneficio. El sistema operará así: cuando la persona se encuentre en el tramo exento de ingresos (13,5 UTA), pero el avalúo de su inmueble sea mayor al límite legal, el monto de la contribución será el equivalente al 5% de sus ingresos. Si la persona se encuentra en el segundo tramo de ingresos (13,5 a 30 UTA), el monto del impuesto a pagar será el valor inferior entre el 50% de la contribución determinada según la ley y el 5% de sus ingresos. Adicionalmente, se corrige la situación que expulsa a adultos mayores, cuando son copropietarios con personas distintas del cónyuge, como los hijos. En este caso, se aplicará el cálculo a lo que le corresponde como copropietario. La salvedad estará en casos en que el contribuyente habite el inmueble respectivo y lo posea a título de usufructuario o comunero en conjunto con su hijo o hijos menores de 24 años y estos se encuentren estudiando o no generen ingresos.
