Entre estrictas medidas de seguridad, este martes comenzó en Brasil el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal armada con el fin de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que resultó electo Luiz Inácio Lula da Silva, y de intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder.
Se trata de un proceso sin antecedentes: es la primera vez en la historia de ese país que un exmandatario es acusado de intento de golpe de Estado.
La audiencia de apertura se desarrolló en el Supremo Tribunal Federal (STF), aunque sin la presencia del principal acusado. Bolsonaro se ausentó tras la recomendación de sus médicos debido a su delicado estado de salud, consecuencia de las secuelas que le dejó el ataque con arma blanca que sufrió en 2018.
“El Supremo Tribunal Federal tiene la función de juzgar con imparcialidad y aplicar justicia en cada caso específico, sin importar amenazas ni coerción, ignorando presiones internas o externas”, afirmó el juez Alexandre de Moraes durante su intervención inicial. En esa línea, advirtió que la impunidad “deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia”, subrayando que la pacificación del país depende del respeto a la Constitución y del fortalecimiento de las instituciones.
Por su parte, el fiscal general Paulo Gonet sostuvo que “no castigar los intentos de romper con el orden constitucional intensificará los impulsos autoritarios y pone en peligro un modo de vida civilizado”.
La Primera Sala del Supremo Tribunal fijó cinco fechas -entre el 2 y el 12 de septiembre- para el juicio del llamado Núcleo Crucial, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro y a siete ex miembros de su Gobierno, señalados como los principales organizadores del presunto intento de golpe.
Se les imputan los delitos de tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
La denuncia sostiene que la conspiración comenzó en 2021, cuando Bolsonaro y su entorno comenzaron a poner en duda la seguridad de las urnas electrónicas de cara a las elecciones del año siguiente y difundieron la idea de un fraude inminente.
Según la acusación, Bolsonaro fue “el principal organizador, beneficiario y responsable de los actos más graves contra el Estado de derecho”. La investigación llevada a cabo por la Policía Federal identificó la existencia de una organización criminal dedicada a mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder.
