Las luces y los adornos navideños que visten las vitrinas y calles de Chillán al final de cada año atraen no solo a los consumidores, sino también a vendedores ambulantes ilegales que venden todo tipo de productos, la mayoría falsificados o de dudosa calidad. Dos son las grandes víctimas de ese comercio ilegal. Por una parte, las personas que compran, al estar expuestos a lesionar su integridad física, mental o su bolsillo. Ya son conocidas las nefastas consecuencias del consumo de bebidas y alimentos adulterados, medicamentos falsificados, y juguetes defectuosos o con alta dosis de químicos dañinos para la salud.
Pero también se registra una significativa afectación al comercio formal, conllevando pérdida de empleos y una crisis económica en muchas familias. En Ñuble, el ciclo contractivo del sector Comercio ya suma 18 meses consecutivos, y el desempleo viene mostrando tendencia al alza, como lo mostró el último informe del INE, conocido la semana pasada.
En efecto, desde hace tiempo, recorrer las calles del centro permite constatar que el comercio ambulante sigue consolidándose en los sectores con mayor afluencia de público, convirtiéndose en una competencia desleal para los pequeños comerciantes establecidos, además de constituir una ocupación irregular de un bien nacional de uso público, con las consiguientes externalidades negativas que afectan el libre tránsito de los peatones y la facilitación de la delincuencia.
El cuadro es bien conocido, ligual que su enorme amplificación en el mes de diciembre; y por lo mismo, el gobierno local anunció el pasado viernes que el Plan Navidad Segura se centrará en el control del comercio ilegal, lo que significará más personal municipal y policial para fiscalizar, y también un aumento de patrullajes especiales preventivos. En síntesis, más control.
Sin embargo, el mismo gobierno local autoriza temporalmente a 160 personas a vender en las calles del centro durante las fiestas de fin de año, un número que puede parecer menor y corresponder a casos que tienen justificación social, pero igual resulta contradictorio para muchos comerciantes chillanejos que interpretan que la permisividad de las autoridades con los vendedores callejeros no es otra cosa que la validación de la competencia desleal.
Y es desleal pues encubre un negocio operado por mayoristas que abastecen a estos vendedores, que en la práctica, actúan como comisionistas, y que a diferencia de lo que ocurre en los negocios legales, no pagan cotizaciones previsionales ni seguro de salud a sus trabajadores y trabajadoras, tampoco pagan impuestos ni patentes, lo que permite ofrecer productos a muy bajo precio. Y como si fuera poco, respecto de ellos no opera el Sernac ni ninguna institución que proteja a los compradores.
Hay mucha gente que defiende a los vendedores ambulantes y apela a factores sociales para reclamar que se les deje tranquilos, basados en que “todos tienen derecho a trabajar”, sobre todo si el desempleo en Chillán sigue alto, por sobre el promedio regional y nacional. Sin embargo, esas mismas razones permitirían justificar otros negocios ilícitos, sin considerar que el mayor perjudicado con el comercio ilegal es el segundo mayor generador de empleos en la capital de Ñuble.
