El desalojo de comerciantes ilegales ocurrido el sábado en las afueras del Persa San Rafael, en Chillán, más allá de la discusión sobre la escasa coordinación entre la Intendencia y el municipio en materia de seguridad, pone en la mesa un problema que el municipio no ha logrado solucionar.
Aquel sábado, desde las 4 de la madrugada, Carabineros inició un despliegue para evitar la instalación de los comerciantes ambulantes que ocupan las veredas de calle Los Puelches hasta Río Viejo. El prefecto de Ñuble, John Polanco, quien encabezó el operativo, explicó que dicha acción obedeció a una planificación que busca recuperar los espacios públicos, subrayando que quienes los utilizan para vender están cometiendo una ilegalidad, lo que claramente no merece discusión.
La molestia de estos vendedores, de aquellos que están más organizados, llegó hasta el municipio, pese a que el alcalde Sergio Zarzar no estaba informado del operativo. Hubo protestas afuera del edificio consistorial y durante la sesión del Concejo Municipal llovieron las críticas hacia la Intendencia por no haber coordinado la medida con el municipio. Tanto el jefe comunal como los ediles calificaron la acción de desalojo como desmedida, sin embargo, vale la pena poner atención en la lucidez de las declaraciones de una de las comerciantes que asistió a la sesión, quien apuntó a la responsabilidad del municipio en este tema, por no haber sido capaz de darle solución en dos años.
Todos saben que lamentablemente, la única fórmula que ha usado el municipio de Chillán para enfrentar este tema ha sido la entrega de permisos a los ambulantes, otorgándoles la calidad de “legales” a vendedores que no pagan impuestos, que no pagan patente municipal, que generan empleos precarios y que obstruyen el normal tránsito peatonal al ocupar espacios públicos, pero más grave aún, que generan una competencia desleal para los comerciantes establecidos que pagan impuestos y patentes, que generan empleos formales, que cuentan con permisos sectoriales y que están permanentemente siendo fiscalizados por distintos organismos.
Lamentablemente, la visión cortoplacista del alcalde de Chillán y de varios concejales, que solo defienden votos para la próxima elección, les ha impedido ver que el problema se puede abordar en el marco de la legalidad. Los casos de Las Condes, Santiago, Viña del Mar, Temuco y Concepción demuestran que el camino correcto es el apego a la ley, y no el “corazón de abuelita” de Zarzar al que aludió recientemente el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, al referirse al problema de la informalidad del comercio en Chillán. Es más, el dirigente gremial sostuvo en dicha ocasión que cuando los alcaldes se den cuenta que pierden votos al fomentar la informalidad, comenzarán a actuar como corresponde.
Si bien existe una problemática social detrás de este comercio, ella no es muy distinta a la que tuvieron que enfrentar otros municipios del país que cuidan a sus empresarios y a los trabajadores formales del comercio, cuyos empleos están seriamente amenazados debido a la vista gorda que hace Zarzar, y ése también es un problema social.
En vez de buscar responsables por el desalojo, lo que corresponde es que las autoridades busquen soluciones en conjunto a este problema que ya es crónico en la ciudad, atendiendo su carácter social, pero sin olvidar que la ley debe ser cumplida por todos.