Que la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto a la sección anticorrupción del OS-7 de Carabineros, esté investigando al conservador de Bienes Raíces de Chillán, por presuntos delitos de sobornos, dentro de la trama de la causa nacional “Muñeca Bielorrusa”, es un hecho ya público y notorio, pese a tratarse de una causa secreta.
El conservador, Yamil Najle, ha sido interrogado por Carabineros y ha sido objeto de allanamientos en su oficina, en calle Bulnes. Pese a esto, la semana pasada, el ministro presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, magistrado Guillermo Arcos, afirmó que no iniciarán una investigación disciplinaria ya que formalmente, no les ha llegado denuncia alguna por este tipo de hechos.
El criterio, conforme a las palabras del ministro, es totalmente opuesto a la de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entidad que hizo público, a través de la página electrónica del Poder Judicial, que ordenaron un sumario contra el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber; y contra otros dos notarios de esa plaza (Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar), quienes forman parte de la misma arista investigativa que lleva la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Witt.
Pero esta disparidad de criterios, ahora, también se observa en el Colegio de Abogados, de los que Najle y el también investigado abogado Mario Vargas, son miembros.
Mientras en el gremio chillanejo confirman que no abrirán expedientes paralelos a los que desarrolla el Ministerio Público, desde Santiago, el Consejo General del Colegio de Abogados de Chile, confirmó mediante sus redes sociales que el presidente de la entidad, Ramiro Mendoza, “ha pedido que se inicie una investigación disciplinaria en contra de los dos abogados miembros de la Orden que se encuentran involucrados en estos hechos”.
En el mismo comunicado, se anticipa que “el Consejo evaluará una reforma al Reglamento Disciplinario para poder imponer la suspensión de la membresía como medida cautelar dentro del proceso”.
El caso ha sido tomado como ejemplo y será parte de un debate abierto entre los abogados santiaguinos, quienes a raíz del caso y del supuesto actuar de Najle, Yáber y otros legistas, buscan “identificar prácticas que deben ser erradicadas de la judicatura y el ejercicio profesional”.
También llamaron a evitar “las arbitrariedades, el amiguismo, tráfico de influencias y faltas éticas en general”.
Por último, llamaron a no caer en la “ingenuidad de pensar que estos son solo problemas personales, sin ver las fracturas institucionales que tienen relación con la displicente atención que el Legislador ha dado en atender las modificaciones legales”.
La prensa como respaldo
Mientras que en las instancias locales se explica que no es posible iniciar expedientes sin contar con denuncias formales, en la misma página web del Poder Judicial, se precisa que la Corte de Apelaciones de San Miguel, ordenó el sumario ya mencionado, teniendo como respaldo los antecedentes descritos como “graves hechos expuestos por la prensa nacional”, como lo anunciara la jueza presidente de ese tribunal, María Catalina González.
Tal indagatoria fue anunciada el pasado lunes 10 de noviembre, detallando que el expediente incluye a Yáber, a los notarios Barrena, Ortúzar y del exnotario interino de la 5ta Notaría de San Miguel (con asiento en La Cisterna), el abogado Fernando Martel Costa.
