Existe un mayoritario respaldo de la población y de los profesores a la idea de retomar las clases presenciales a partir de marzo próximo, dejando atrás dos años en que la normalidad se vio interrumpida por la pandemia de Covid-19. Tanto las actuales autoridades ministeriales, como las que asumirán el 11 de marzo, han sido claros al respecto.
Evidentemente, las clases online no beneficiaron a todos, ampliando la brecha entre alumnos de mayores y menores ingresos, y tampoco constituyen una alternativa de similar calidad a las clases presenciales. Según el Ministerio de Educación, 220 escuelas y jardines infantiles, con un total de 18.232 estudiantes, no han podido tener clases presenciales desde marzo de 2020.
Por ello, el recientemente publicado protocolo ministerial sobre el retorno a clases establece que éstas serán presenciales y obligatorias, en todos los establecimientos del país, públicos y privados, independiente de la fase del plan Paso a Paso en que se encuentre la comuna donde se emplazan.
El mencionado instructivo habla de retomar la jornada escolar completa, y pone fin a los aforos en los recintos, salvando así la valla que representa la limitada superficie de las salas y el hecho que la mayoría de los cursos tienen más de 40 alumnos.
Ciertamente, el interés de las autoridades es acabar con el rezago educativo de un gran número de estudiantes en el país, considerando la experiencia de estos dos años, las medidas que se han implementado en otros países, la evidencia científica sobre la prevalencia de la enfermedad en menores, la realidad epidemiológica en Chile y la cobertura de inoculación, donde más de un 80% de la población escolar cuenta con su esquema completo de vacunación.
Sin embargo, el mencionado protocolo abre muchas interrogantes sobre las medidas de prevención, por ejemplo, sobre el distanciamiento físico, sobre la ventilación de las salas particularmente en las zonas centro sur y sur del país, con inviernos muy fríos, o sobre la jornada escolar completa, que implica que muchos alumnos tendrán que almorzar en los establecimientos.
A nivel local, centros de padres y apoderados de distintos colegios han planteado su legítima preocupación por estos aspectos no abordados adecuadamente en el mencionado protocolo, y que pareciera ser que las autoridades dejaron al azar, como si se tratara de una medida improvisada tomada en una oficina de Santiago; mientras que en otras actividades, como los espectáculos culturales y deportivos, la gastronomía y el turismo, los aforos se han visto drásticamente reducidos.
Lo que para muchos es una contradicción, para otros es una excepción necesaria, dado el precioso tiempo perdido estos dos años, en que miles de niños y jóvenes no completaron los contenidos mínimos de los programas establecidos por el Ministerio de Educación, una realidad que se hace más notoria en los segmentos más vulnerables de la población, con menor acceso a computadores e internet y con padres que tienen tasas de escolaridad más baja.
Es cierto que el país enfrenta una nueva ola de contagios y tasas récord de nuevos casos, pero también es cierto que el alto porcentaje de vacunados en el país brinda el margen de acción necesario para apostar por una “nueva normalidad” en la educación.
