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Existe una necesidad quizás tan o más importante que la educación escolar formal que permanece oculta y que es consecuencia directa del sistema educacional. En estos últimos años, la OCDE y otras organizaciones han comenzado a poner énfasis en el “analfabetismo funcional”, que representa a la gran cantidad de adultos que no entienden lo que leen o que no son capaces de resolver operaciones numéricas básicas.
Esta población, si bien cuenta con conocimientos elementales, en la práctica no está en condiciones de desarrollarse, lo que representa no solo una importante limitante en una sociedad cada vez más global y tecnologizada, sino también la convierte en el blanco de políticos inescrupulosos, de noticias falsas y de mensajes manipuladores que tienen mayores posibilidades de lograr sus propósitos en una ciudadanía que carece de espíritu crítico y formación para entender y discernir lo real de lo falso. De esta forma, el analfabetismo funcional da paso a un analfabetismo político que es tierra fértil para la manipulación informativa.
Pero ¿es acaso esto algo nuevo? Definitivamente no. De la antigua Roma (año 64 a.C.) se conoce el Commentarioulum petitionis, un manual que contiene una serie de estrategias dirigidas a convencer al “populus”, y que considera entre sus recursos el rumor con el fin de atacar al rival político. De ahí en adelante podemos hallar miles de ejemplos de noticias falsas producidas en contextos de elecciones y luchas de poder, con un evidente impacto en sociedades que poseen bajos niveles de educación y capital social. De acuerdo al Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT), la información errónea se mueve seis veces más rápido que la verdadera en sociedades poco educadas.
Según el segundo Estudio de Competencias básicas de la Población Adulta realizado por el Centro Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, nuestro país tiene un 44% de analfabetos funcionales y entre un 80% y un 84 % de los chilenos y chilenas no comprende bien lo que lee.
Por lo mismo, debieran ser objetivos estratégicos contar con un marco jurídico en materia de manipulación informativa y noticias falsas, no desde un enfoque punitivo, sino de política pública, como también el posibilitar que todo chileno adulto cuente con las competencias básicas como un foco especial para lograr un desarrollo pleno en su vida personal, laboral y también política.
Si verdaderamente aspiramos a un país que entregue igualdad de oportunidades, posea suficiente capital social para sustentar su democracia, pocos proyectos tienen tan alta rentabilidad social como poner foco en diagnosticar y nivelar las competencias básicas de los adultos.
Las crecientes posibilidades de manipulación informativa y una sociedad poco preparada es una combinación preocupante, pero más lo es el hecho de que parece no preocuparle a nadie.
Es un problema que exige a políticos de izquierda y derecha ponerse de acuerdo sobre una temática compleja que no da réditos electorales. Una tarea titánica cuando día a día vemos que el analfabetismo político parece ser peor que el analfabetismo funcional de los chilenos y chilena
