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Es habitual asociar los recintos carcelarios en Chile con la ejecución de delitos con mayor nivel de sofisticación y gravedad. Diametralmente distinto a la finalidad de reinserción social con la cual fueron construidos para personas privadas libertad.
El esfuerzo social de mantener una infraestructura y recursos suficientes para una estadía digna de reclusión en régimen cerrado conlleva un alto sentido ético, pues todo ser humano, sin excepción e independiente de sus acciones pasadas, tiene derecho a nuevas oportunidades.
Sin embargo, el estigma que recae sobre los penales genera justamente el efecto inverso. En una suerte de profecía autocumplida, la sociedad da la espalda a la posibilidad de un cambio real en el devenir de aquellos que han violado la ley, sin distingo de la gravedad del delito o del potencial de cada persona para alcanzar un estado de plena reincorporación social.
La sobrepoblación y el hacinamiento del sistema carcelario ha sido el caldo de cultivo para la reincidencia penal. El estudio Condiciones Carcelarias en Chile, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirma que la capacidad del 80% de los penales del país está sobrepasada. El Centro Penitenciario de Chillán es uno de los que está en mejores condiciones, ya que solo tiene una sobrepoblación de 40%, mientras que en Quirihue, San Carlos, Yungay y Bulnes el INDH constata un fenómeno similar, agravado por la falta de médicos y de acceso permanente al agua potable.
Diferentes estudios y la realidad cotidiana muestran que en estas condiciones nada bueno puede surgir. Por el contrario, se reducen las opciones de que los internos participen en programas de capacitación y rehabilitación; se favorece la desocupación, que a su vez genera descontento y comportamientos negativos; se incuba frustración y resentimiento social, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de reincidencia.
En resumen, un diagnóstico lapidario para un sistema que supuestamente busca romper con el círculo vicioso del delito y su posterior reincidencia.
Más allá de los aspectos que se han propuesto para resolver el problema de la sobrepoblación penal, cuya implementación normalmente está limitada por factores de prioridad presupuestaria o política, el sistema penal en Chile debe perseverar en cambiar su propensión a la privación de libertad en recintos cerrados.
En aquellos casos de internos de baja peligrosidad, debiese primar el uso de tecnología que permita sustituir los recintos penitenciarios por reclusión domiciliaria o trabajos comunitarios. Ello no solo descongestionaría el sistema carcelario, sino que permitiría implementar medidas efectivas para disminuir el número de aprendices que, en las actuales condiciones, se gradúan masivamente en la “escuela del delito”, como bien se denomina hoy al sistema penitenciario chileno.
