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Uno de los factores que ayudan a un involucramiento más activo de las personas en la cuestión pública es la información con que cuentan, el acceso a ella y la burocracia que permite canalizar las opiniones y necesidades ciudadanas de manera rápida y oportuna.
En ese sentido, la Ley de Transparencia, promulgada en 2009, fue un acierto, ya que ha permitido que cualquier persona solicite información a los servicios públicos, y establece obligatoriedad en cuanto a la publicidad de una serie de elementos de gestión a través de plataformas digitales, a las que también cualquier persona tiene acceso. En el caso de los medios de comunicación, nos ha permitido la realización de investigaciones que han desvelado casos de corrupción y alto interés público.
Sin embargo, siendo un paso muy positivo, se requiere avanzar en algunos aspectos. Por ejemplo, se debería revisar cómo la tecnología puede aportar a la transparencia y el acceso a la información, algo que probablemente no estuvo muy presente en su discusión hace 15 años. También convendría revisar cómo la información que se entrega por transparencia activa puede ser realmente útil para la ciudadanía y, sobre todo, revisar las causales de reserva que se han mal utilizado para no entregar información, lo mismo que equiparar las obligaciones de transparencia y derecho de acceso de la administración del Estado a los órganos autónomos, principalmente al Congreso, que hoy es la institución más desprestigiada del país.
A nivel municipal, en tanto, se requiere mayor capacitación de los propios funcionarios, tanto para que cumplan con la normativa, como para saber entregar dicha información de manera clara y entendible para cualquier persona.
Otro aspecto en el que se debe avanzar es la formación ciudadana, para que la gente conozca y ejerza sus derechos y responsabilidades, ya que en la medida que exista más y mejor formación cívica, habrá también mejores ciudadanos y más comprometidos con el bien común.
El análisis macroeconómico del capital social chileno, realizado por la OCDE, concluye que nuestro país presenta bajos niveles de participación, y las personas tienen poca costumbre de hacer valer sus derechos. Lo mismo han revelado a nivel local diferentes estudios que muestran bajos niveles de participación ciudadana. poco incidentes en el desarrollo de las comunas. No superan el 15% y adscriben principalmente a juntas de vecinos y clubes deportivos.
Por esta razón, el Estado ha asumido en parte ese rol de control social a través de un fortalecimiento de las superintendencias, que son organismos fiscalizadores de determinadas actividades económicas o servicios públicos, como la Salud, Educación, Pensiones, Isapres, entre otras.
Para muchos puede ser positivo que el Estado asuma una función más activa para la entrega de información, pero se debe tener cuidado que esta intervención no se extreme y se traduzca en decidir por los individuos. Un Estado paternalista definitivamente no contribuye a una sociedad civil más empoderada.
