La Región de Ñuble está perdiendo aserraderos a un ritmo alarmante. Entre 2019 y 2024, según el Directorio de la Industria Forestal Chilena publicado por Infor, la región pasó de 73 a 47 plantas en funcionamiento, lo que representa una caída del 35,6%. Se trata de la mayor reducción del país, muy por encima del promedio nacional de 20,3%.
Hace apenas dos meses, en San Carlos, cerró el aserradero de la empresa Alto Horizonte, dejando a 100 familias sin sustento. En Ñuble, la baja ha significado el cierre de 26 aserraderos en cinco años, con un costo estimado de 3.900 puestos de trabajo directos e indirectos, principalmente en comunas como Coelemu, Quirihue, Trehuaco, Chillán y San Carlos. Allí, cada aserradero equivale no solo a empleo, sino a movimiento económico en almacenes, transporte, comercio y servicios locales.
La voz de alerta la han levantado los dirigentes de Pymemad, gremio que agrupa a las pymes madereras, donde creen que el fondo del problema es la ausencia de una política forestal de largo plazo. Desde 2015 no existe un marco nacional que oriente el desarrollo del sector. Y desde 2014, con la expiración del subsidio a las plantaciones que rigió por cuatro décadas, pequeños y medianos propietarios forestales quedaron sin incentivos para reforestar.
El vacío ha sido ocupado por las grandes empresas, que operan con criterios de concentración, ajustes de precios unilaterales y contratos cortos. Esa lógica, denuncian desde Pymemad, asfixia a las pymes, impidiéndoles planificar y sostener empleos. En paralelo, instituciones públicas como Infor y Conaf carecen de herramientas vinculantes. La consecuencia es un círculo vicioso: cierran aserraderos, se pierden empleos, los jóvenes migran, el conocimiento técnico desaparece y las economías locales se apagan.
En este contexto, la discusión sobre un nuevo proyecto de ley de fomento forestal, que el Ministerio de Agricultura promete ingresar en los próximos meses, aparece como un respiro posible, pero también como una carrera contra el tiempo. De hecho, la ministra Ignacia Fernández reconoció que no alcanzará a tramitarse en esta administración, lo que deja la tarea a futuros gobiernos y, en consecuencia, prolonga la incertidumbre.
Los aserraderos medianos y pequeños han sido la base de una economía rural que distribuye ingresos y sostiene comunidades. Sin pymes, el sector forestal será más débil, más dependiente y menos diverso.
El llamado, entonces, es a romper el “cortoplacismo destructivo” que denuncian los gremios. Es indispensable construir un pacto que involucre al gobierno central y regional, a los parlamentarios, grandes compañías y a las pymes, donde se definan reglas claras de encadenamiento productivo, acceso a materia prima y estabilidad de precios. El Estado debe recuperar un rol activo en el fomento a las plantaciones de pequeños y medianos, y las grandes empresas deben entender que la supervivencia de las pymes también asegura la sostenibilidad de toda la cadena.
