A control de detención pasó una ciudadana extranjera que aparentemente era la administradora de una sala de juego ilegal, que opera en la calle Constitución, entre 5 de Abril y Arauco, en pleno centro de Chillán.
El procedimiento fue encabezado por la Policía de Investigaciones, PDI y funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Chillán, quienes clausuraron el local que ya tenía ocho órdenes de cierre.
De hecho, el casino popular había vulnerado de manera repetitiva los sellos instalados por las autoridades comunales, haciendo caso omiso a las normativas municipales.
La directora de Seguridad Pública, Alejandra Martínez, informó que “los casinos ilegales han sido una de las líneas de fiscalización relevantes de la Municipalidad de Chillán, pues están asociadas a factores de riesgo para la comunidad”.
Agregó: “tuvimos un nuevo operativo de cierre de casinos, donde se confirmó la violación del sello de clausura. Eso se constituye en un delito y además es un delito reiterado, porque efectivamente nosotros habíamos ido a clausurar ese local en particular muchas veces anteriores”.
Durante el operativo liderado por la PDI se pudo constatar la presencia de “una persona indocumentada dentro del local. por lo que pasó a control de detención con el fin de analizar su situación legal”.
“Reafirmamos el compromiso que tenemos con las personas que nos han pedido más fiscalización sobre estos locales, que no tienen patente municipal y que por lo tanto funcionan bajo la ilegalidad; eso es algo que la municipalidad no va a permitir y vamos a perseverar en las acciones de fiscalización”.
Alejandra Martínez destacó que como Seguridad Ciudadana “llevamos a la fecha más de 100 acciones de control a estos casinos y sin duda que vamos a continuar realizando estos operativo junto a las policías”.
Según el catastro municipal, “en el casco histórico de Chillán hay 27 de estos locales, los cuales están sujetos a fiscalización y cierre por cuanto no cuentan con patente municipal para operar”.
Los locales clausurados deben pagar multas en Juzgados de Policía Local, pero cuando se trata de rotura de sellos, “eso ya constituye un delito y por lo tanto se incorpora un nuevo actor que es la Fiscalía”.
