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La investigación impulsa la innovación tecnológica y mejora la competitividad empresarial, fortaleciendo la economía del territorio con mayores ingresos fiscales y facilitando el financiamiento de más proyectos sociales. ¿Cuáles son los países que invierten más en investigación? A nivel global, Estados Unidos y China registran el mayor incremento. En Latinoamérica, (según Bloomberg, Ciencia en Latinoamérica, 2023) se destaca Brasil con 1.19% con respecto de su Producto Interno Bruto (PIB), Argentina con 0.62% y Chile sólo con un 0.39%, muy lejos del 2,72% promedio de nuestros socios OCDE. Es importante destacar que por cada mil habitantes el número de investigadores es de 2,73 en Argentina, 1,68 en Brasil y 1,17 en Chile.
En este sentido, un desafío importante para el desarrollo económico es la articulación del mundo privado en su rol inversor, el Estado como generador de mecanismos e incentivos y la universidad en su rol de generador de conocimiento y articulador. El 10 de julio recién pasado, salió de la Cámara Baja con dirección al Senado el Proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología , pieza relevante para el ecosistema. Si bien hace años se viene conformando este ecosistema con mecanismos e incentivos concretos, tales como las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento OTL (transferencia efectiva a la sociedad), con las políticas de propiedad intelectual/industrial, Hubs de transferencia tecnológica (redes de colaboración y vínculo) y la Red de Gestores Tecnológicos (GT), faltaba una pieza del rompecabezas que es la regulación para destrabar y favorecer el desarrollo de la ciencia aplicada y su transferencia en cuatro puntos clave:
a) Declarar como actividad permanente la generación de nuevo conocimiento (investigación) pero vinculado con el entorno.
b) Promover la creación o participación en empresas de base científico tecnológicas, y en el caso de universidades del Estado permite a docentes que se puedan desempeñar al mismo tiempo en el mundo privado y público.
c) Crear un repositorio de información científica de los proyectos financiados con fondos públicos.
d) Otorgar a la universidad y al investigador de decidir sobre el mejor modelo de apropiación (si la investigación será abierta o protegida bajo propiedad o secreto industrial).
Todo lo anterior, sujeto a la supervigilancia de la Superintendencia de Educación Superior y de la Contraloría General de la República, para que el conocimiento que ha sido desarrollado y financiado por el Estado se coloque en forma concreta al servicio de los sectores productivos y de la sociedad para mejorar su calidad de vida.
En otros aspectos cabe mencionar que en la primera sesión de discusión del Proyecto de Ley, la Ministra Aisen Etcheverry estuvo acompañada de las autoridades del Ministerio del Gobierno anterior, dando continuidad a una política de Estado respecto al futuro de la Ciencia y Tecnología. Taxativamente, no recuerdo en mi memoria reciente tal claridad en el objeto y concepción de voluntades de los incumbentes en la visión pública.
Víctor Díaz López
Académico EAN Universidad de Concepción
