Entre enero y junio de 2019, con la Región de Ñuble recién creada, ingresaron 687 causas penales por cuasidelitos y delitos asociados al a Ley de Tránsito, la que se vio modificado en más de una veintena de puntos desde la entrada en vigencia de la Ley Emilia, en 2014, y que, por regla general, aumentó las penas llegando algunas de crimen.
Sin embargo, y como ha observado un sinmúmero de abogados y políticos, el aumento de la severidad de las penas no es garantía de disuasión ni de disminución de casos. Prueba de ello es que tras el primer semestre de este 2025, la cantidad de causas ingresadas por esa razón al Ministerio Público de la región fue de 1.527, es decir, hubo un aumento del 117%.
Dentro de este fenómeno, el incremento más severo se observa entre el primer semestre de 2025 y el año pasado, con 811 casos más, lo que representa un alza del 113%.
Aunque se pueda argumentar que con la nueva ley se añadieron más razones para que se cometan cuasidelitos y delitos al conducir, como por ejemplo el llevar desechos a un vertedero o microbasural no autorizado, negarse a un alcotest o test de drogas; y nuevos delitos, principalmente asociados al porte o entrega de documentación falsa o alterada, para el juez de Policía Local de Chillán, Ignacio Marín, acá no hay desconocimiento de las modificaciones legales, sino “la mala costumbre de no respetar las leyes”.
Si bien un Juzgado de Policía Local no es sede penal, sus actores escuchan a diario todas las excusas imaginables, lo que les da una idea relativamente concreta del perfil general de los conductores de Ñuble.
“Constantemente notamos que muchas personas conducen con la intención de actuar fuera del margen de la ley. Quien conduce en estado de ebriedad comete un delito consciente de que lo hace, y lo mismo aplica para quien transita con documentos falsificados o con patentes adulteradas”, comenta Ignacio Marín, juez de Policía Local de Chillán.
Hasta que les quiten los autos
El juez Ignacio Marín considera que, en comparación al daño que se puede causar, las penas siguen siendo bajas y sin mayores consecuencias, pero añade que “si en el Parlamento, como se está discutiendo, se determina que se deba incautar el vehículo a quien comete delitos graves, es probable que se vea una reacción positiva”.
Dentro de un análisis estrictamente penal, el abogado Rodrigo Vera Lama apunta que “en muchos ámbitos, el vehículo se ha transformado en parte de una amplia y variada cadena delictual, desde quienes lo conducen sin licencias, o con patentes clonadas, hasta el mecánico que compra repuestos robados, fomentando las encerronas, las falsificaciones de permisos de circulación y licencias”.
También reconoce en esta anomia ante la Ley de Tránsito un “primer peldaño, que es el cometer delitos de baja intensidad y que los vemos a diario, como el exceso de velocidad, que cuando es más de 6o kilómetros de lo permitido, es delito, lo que se contrasta con los pocos puntos de fiscalización que vemos en los sectores urbanos. Eso va generando un hábito y hasta un aprendizaje por parte de los niños que andan con sus padres”, añadió.
