Chillán sigue empadronando a cuidadores de autos mientras se discute proyecto de ley para prohibir su funcionamiento

Hace poco más de un año, en mayo de 2024, la Municipalidad de Chillán anunció un proceso de empadronamiento a los cuidadores de autos dentro de la ciudad, iniciativa alabada por distintos sectores que hace tiempo pedían tener un registro de estas personas en el centro.

La medida surgió debido a hechos de violencia por parte de algunos cuidadores informales, quienes, incluso, discutían con los conductores por no entregarles dinero por cuidar sus autos.

Actualmente el proceso sigue su curso, debido a que en Chillán existe una asociación formal de cuidadores de autos (ACA) que mantiene un vínculo con Carabineros. Sin embargo, el empadronamiento no ha estado exento de dificultades internas.

Así lo subrayó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien conversó con Radio La Discusión sobre este y otros temas. Respecto al catastro, el jefe comunal explicó que hubo ciertas diferencias entre quienes estaban dentro de la organización y aquellos que no, pero que están a la espera del catastro por parte de ACA.

“Lo que estamos esperando por parte de ACA y Carabineros es que nos digan quiénes son. Ahí ellos han tenido algunas dificultades, en términos de que quedaron fuera algunos”, sostuvo.

“Nosotros queremos trabajar con quienes llevan años en esto, gente responsable, que conocemos y que sabemos que además colaboran en temas de seguridad, son gente con muy buena voluntad”, detalló Benavente.

La municipalidad, en coordinación con Carabineros, está trabajando en la identificación oficial de los cuidadores de autos, para entregarles próximamente una tarjeta de acreditación que permita distinguir a quienes forman parte del proceso formal.

“Muchos de los que hoy cuidan autos en las calles son personas responsables, pero también sabemos que hay otros que no, y ahí es donde queremos marcar la diferencia”, explicó el alcalde.

La tarjeta de identificación permitirá a los cuidadores acreditados desarrollar su labor de manera regulada y con mayor tranquilidad. Además, facilitará un mejor control y evitará que personas ajenas al sistema cobren por este servicio sin autorización.

El jefe comunal sostuvo que dentro de las próximos meses deberían existir avances concretos en el empadronamiento de los trabajadores.

Proyecto busca impedir su funcionamiento

Mientras el municipio empadrona, un proyecto de ley busca cortar definitivamente con esta práctica en las calles del país.

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal de cuidadores o acomodadores de vehículos en la vía pública.

El objetivo principal es recuperar los espacios públicos y poner fin a cobros informales por el cuidado de automóviles en bienes nacionales de uso público.

Según los autores del proyecto, en muchas ocasiones estos cuidadores de autos operan en espacios tomados por mafias que controlan determinadas zonas. En varios casos, se cobra por el cuidado del vehículo sin que el servicio se realice efectivamente. Incluso se ha reportado que algunos automovilistas pagan por temor a represalias.

El diputado Henry Leal (UDI) explicó que “la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados está analizando un proyecto de ley que busca tipificar como delito el ejercicio ilegal de la función de cuidador o acomodador de auto en la vía pública, porque muchas veces estas personas con violencia ejercen esta labor presionando a los automovilistas”.

Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Jouannet sostuvo que “con este proyecto de ley, lo que queremos es terminar con los cuidadores de auto, porque la verdad no corresponde. Quienes tienen que hacerse cargo son los municipios, y con cuidadores de autos que estén absolutamente acreditados, controlados y que esa plata llegue al municipio”.

En el marco de la discusión de la iniciativa, se está debatiendo que se apliquen multas que van desde las 10 UTM ($700 mil aproximadamente). También se ha planteado que dentro de las sanciones se contemplen penas de cárcel podrían ir de 60 a 540 días de reclusión menor.