El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, no está tranquilo. Si en diversas oportunidades ha declarado haber sentido indignación, desconcierto y hasta vergüenza luego de que estallara la investigación fiscal por el llamado “Caso Led”, ahora se reconoce preocupado porque “a causa de este problema, la comuna podría quedarse sin uno de sus más esperados proyectos, como es el recambio de luminarias”.
El conflicto radica en los plazos en los que podría resolverse el sumario administrativo que ordenó, tras la detención del destituido administrador municipal, Ricardo Vallejos; y el entonces asesor jurídico, Marcelo Campos, ambos en prisión preventiva.
Si el fiscal designado para el desarrollo de este sumario, el juez de Policía Local, Ignacio Marín, se viera entrampado en recursos y apelaciones una vez finalizada su investigación y el consiguiente veredicto alcaldicio demorara más de la cuenta, la municipalidad podría quedarse sin los recursos necesarios para una nueva licitación.
“Lo que pasa es que esos más de 3.900 millones que significaba el proyecto que tenía que realizar Itelecom, eran recursos de la Subdere, y con este proceso judicial en curso, obviamente esos dineros no llegaron, pero si no llamamos pronto a una nueva licitación, es muy probable que esos recursos sean destinados al tema de la pandemia y los perdamos”.
El alcalde, por lo demás, dice que decidió paralizar el contrato con Itelecom, pese a que la causa que mantiene a su dueño, León Lefort, en prisión preventiva acusado de soborno, está recién en etapa de formalización, y es altamente probable que no se llegue a un juicio este año.
“Entonces, yo sé que es probable que la gente de esa empresa me demande por incumplimiento de contrato, pero me da lo mismo, prefiero correr el riesgo y buscar otra empresa que se encargue de cambiar las luminarias. Hay calles en las que por la noche, realmente no se ve casi nada y necesitan urgente un alumbrado nuevo y con tecnología led”, planteó.
Plazos y recursos
El artículo 133 de la Ley establece un plazo de 20 días hábiles administrativos para que se entreguen los resultados de un sumario por parte del fiscal asignado, lo que debe incluir una sugerencia de condena, cayendo finalmente en el alcalde, esta resolución.
Sin embargo, históricamente la realidad ha mostrado que argumentando obstáculos de fuerza mayor podría otorgarse un plazo de 60 días.
Tras eso, la parte afectada puede apelar, solicitar recursos de reconsideración, denunciar vicios, solicitar nulidades y otra serie de recursos judiciales, pudiendo extender el plazo por años.
De hecho, hay casos que se extendieron por más de cinco años, para luego llegar a la Corte Suprema, donde se anula el sumario por exceder el plazo en demasía.
“No quiero apurar las cosas ni presionar a nadie, porque me interesa que se hagan las cosas bien y de manera transparente, pero por el bien de la comuna, sólo espero que se haga todo dentro de lo razonable y hacer otra licitación”, cerró Zarzar.
