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Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile admitió su responsabilidad “parcial” por abusos en sus centros de reclusión de menores y en especial en la muerte de 10 adolescentes en 2007.
El reconocimiento fue expresado por la representación chilena en una audiencia celebrada en Brasilia, en el marco del 167 período de sesiones de ese organismo.
En la instancia, el jefe de Derechos Humanos de la cancillería chilena, Pascual Ricke, aseguró que el Estado ya reconoció los hechos y cumplió con su deber de investigación.
Lo anterior, específicamente, por el incendio ocurrido en octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
A la vez, rechazó la posición de los representantes de las víctimas, que alegan la falta de castigo a los responsables, pues, según Ricke, tras una investigación que duró 20 meses “no encontró evidencias de delito doloso”.
De esta manera, la causa concluyó con sanciones administrativas contra seis funcionarios del Sename y la justicia determinó el sobreseimiento del caso.
Ricke agregó que, además, las familias de cada una de las víctimas recibieron una indemnización equivalente a 98.000 dólares y reconocieron “la integralidad de la reparación”.
