El exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella criminal por calumnias e injurias contra 10 diputados oficialistas, a raíz de afirmaciones que, según él, afectan gravemente su honor.
Según informó radio ADN, las declaraciones en cuestión fueron realizadas en el contexto de la acusación constitucional presentada en contra de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del denominado Caso Audios.
Chadwick, quien ejerció como ministro del Interior durante los gobiernos de Sebastián Piñera, señaló que los diputados, entre los que se encuentran Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC) y Jaime Araya (indep-PPD), lo acusaron falsamente de haber solicitado al abogado Luis Hermosilla información sobre causas judiciales que involucraban a funcionarios de Carabineros procesados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, así como su implicación en casos como Dominga y Exalmar.
“Estas afirmaciones son completamente falsas. Nunca he solicitado información de ese tipo ni a Luis Hermosilla ni a nadie”, señaló el exsecretario de Estado en el documento judicial, argumentando que estas imputaciones configuran el delito de calumnia, ya que le atribuyen conductas delictivas que jamás cometió.
“Los querellados son diputados afines al Gobierno actual que el 23 de septiembre ingresaron una AC de 49 páginas en contra de la ministra Ángela Vivanco, actualmente suspendida, argumentando supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”, menciona la querella.
Desacreditar públicamente
Además, el exministro calificó de injuriosas otras declaraciones contenidas en la acusación constitucional, en las que se le menciona como “el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades”. Ante esto, Chadwick argumenta que estos ataques buscan desacreditarlo públicamente y destruir su reputación tanto en el ámbito personal como profesional.
El exministro también destacó que, aunque los diputados están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria para expresar opiniones en el ejercicio de sus funciones, este derecho no cubre acusaciones infundadas realizadas fuera del marco de las sesiones legislativas. Por lo tanto, según el extitular del Interior, los querellados no pueden ampararse en dicha inmunidad para justificar sus dichos en la acusación.