Uno de los efectos más notorios de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país es el alza del desempleo en un contexto marcado por la desaceleración que se venía observando como consecuencia del estallido social de 2019. En Ñuble como en otras nueve regiones del país, la desocupación superó la barrera de los dos dígitos en el trimestre móvil marzo-mayo de 2020, al anotar un 10,9%, la cifra más alta desde 2011.
Y si bien la cifra ya es elevada, según expertos, sería superior, pues existe un desempleo silencioso que no se considera en esta tasa, y son aquellos que salieron de la fuerza laboral porque dejaron de buscar empleo. Según el INE, en los últimos 12 meses los ocupados disminuyeron en 44 mil 560, al pasar de 222 mil 190 en marzo-mayo de 2019 a 177 mil 630 en igual periodo del presente año. En otras palabras, en 12 meses se perdieron 44 mil puestos de trabajo.
En mayo pasado, se registraron 1.449 cartas de aviso de término de contrato en la Dirección del Trabajo de la región de Ñuble, una cifra inferior a la de igual mes de 2019, en que llegó a 2 mil 725, sin embargo, si se suman los despidos de marzo (3.055) y abril (1.970) de este año, se tiene una perspectiva del impacto de la crisis en los empleos formales de la región.
A ellos se deben sumar unos 10 mil trabajadores que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo en la región, que están recibiendo el pago del seguro de cesantía, pero que no tienen certeza de volver a trabajar o si las empresas sobrevivirán a la crisis.
Sin protección
Dado que el seguro de cesantía exige ciertos requisitos, no todos han podido utilizarlo. Es el caso de Raúl Mejías (39), quien fue finiquitado el 18 de marzo en el estacionamiento donde trabajaba, cuando se decretó la cuarentena.
“El jefe no podía mantenerme, porque no sabía cuánto iba a durar esta situación, y lamentablemente, con el fin de la cuarentena no pudo repuntar, porque luego se restringió el tránsito justo en la calle donde está el estacionamiento, así es que hasta ahora no ha podido funcionar”, explicó Mejías, quien recordó que su empleador ya había mermado sus ingresos a partir de las protestas de octubre pasado.
Tampoco pudo cobrar el seguro de cesantía, “porque tenía solo cinco meses de cotizaciones continuas”, dado que antes tuvo empleos informales.
Comentó que salvo una canasta de alimentos que recibió del municipio al inicio de la crisis, no ha podido acceder a ningún beneficio del Estado porque pese a no percibir ingresos, afirmó que en la ficha de protección social figura con un puntaje irreal que lo ubica en un 58% de vulnerabilidad, en circunstancias que los subsidios están enfocados en el 40% más vulnerable. “En febrero figuraba dentro del 40% más vulnerable, pero cuando se anunciaron los bonos, en marzo, volví a revisar y estaba en el 58%. Las explicaciones que me dieron en la oficina municipal no me convencieron, y lo que me parece más insólito es que ahora, con cuatro meses sin recibir sueldo aparezco en el 70%. Llevé la documentación y me dijeron que paulatinamente irá bajando mi porcentaje, pero la necesidad la tengo hoy”, relató con angustia.
Raúl Mejías criticó la excesiva burocracia del sistema del Registro social de hogares y recordó las extensas filas que debió hacer desde las 5 de la mañana, afuera de la Escuela Los Héroes, en calle Arauco, donde funciona temporalmente la oficina municipal del Registro social de hogares. “Hay mucha gente que está en una situación similar, que no se explica estos puntajes”.
Mejías espera que se dinamice pronto el mercado laboral. Mientras, está viviendo de allegado en casa de familiares e intenta generar ingresos “vendiendo algunas cosas que me quedan, con trabajos informales en lo que se pueda, arriesgándome a contagiarme en la calle todos los días y así poder sobrevivir”.
Impacto en restaurantes
Jhunior Lacruz (32) fue finiquitado hace un mes y medio en el restaurante donde trabajó en la cocina durante 11 meses. Es venezolano y vive en Chillán junto a su hijo de 7 años y a su esposa, que trabaja como vendedora en una tienda del mall.
“Estoy buscando empleo pero está muy difícil, hay muchos cesantes producto de la pandemia. Si me llega a salir algo en cocina, bien, pero en cualquier otro rubro, bien también, porque la situación no está para exigir”, comentó con preocupación, “ya que la nueva ley de inmigración me exige un empleo por un mínimo de 2 años para la legalización, yo tengo un RUT provisorio, pero ahora tendré que empezar de cero”.
Recordó que en Venezuela se graduó de técnico medio en manipulación de alimentos, y que tenía una pyme distribuidora de alimentos, pero la crisis económica lo obligó a emigrar.
“Cuando el restaurante paró por la pandemia, solo los dueños siguieron trabajando, nosotros mantuvimos el contrato y nos acogimos a la ley de protección del empleo. La Cruz detalló que cobró su seguro de cesantía por dos meses, “pero ya este mes no llegó”, porque según explicó, fue finiquitado.
“No hay empleos disponibles, y los que se generan, se ocupan rápaidamente. Es una situación estresante y complicada, porque hay que seguir pagando por todo, el arriendo, las cuentas, los ahorros se nos están acabando y para uno que está lejos, no es fácil”, expuso La Cruz, quien espera acceder al Ingreso mínimo; “me dijeron que tengo las cotizaciones para hacerlo, pero hay muchos que no pueden”, se lamentó.
Una tía sin jardín
María Alejandra Guerra también es venezolana. Es licenciada en educación preescolar y trabajaba en un jardín infantil en Chillán, que según comentó, cerró definitivamente debido a la crisis sanitaria. “Éramos tres, la directora y dos tías más”, detalló.
“Cuando terminó mi contrato en enero, cobré mi seguro de cesantía, y lo utilicé completo. Luego el jardín me volvió a llamar para comenzar en marzo, y en marzo vino la crisis, y me quedé sin trabajo y sin el seguro de cesantía”, relató.
Antes de la pandemia estaba con el bono de la mujer, unos $7 mil mensual, pero dejé de recibirlo porque se exige tener las cotizaciones al día, y yo me había quedado sin trabajo. Y yo me imaginé que no lo iba a cobrar más, pero el mes pasado me pagaron, uno de $12 mil y otro de $9 mil.
Vive con su novio, su cuñado y su hermana, quien quedó cesante en enero; por lo que viven con los ingresos de sus parejas. Sostuvo, además, que no ha recibido caja de alimentos ni algún bono de emergencia.
Llegó hace un año y siete meses a Chile, obtuvo su visa definitiva en febrero, cuando tenía la confirmación del trabajo en el jardín a partir de marzo.
“Estoy buscando trabajo en lo que sea, pero nadie está contratando, está muy difícil. Porque nosotros, además de pagar el alquiler acá, debemos enviarle dinero a nuestra madre, que está en Venezuela, porque ella vive de nosotros”. Por eso comenzó un emprendimiento, denominado Maja’s Surprises, en el que ofrecen desayunos, dulces y regalos sorpresa a domicilio, y se promocionan a través de Instagram (@majasurprises).
Negocio emergente
Para Christian Ramírez, la pandemia ha sido particularmente dura, pues la emergencia comenzó en Chile pocos días después de ser finiquitado.
Ingeniero de ejecución químico, cobró su seguro de cesantía, lo que admitió, ha sido insuficiente para costear los gastos de su familia.
“El mercado laboral está muy difícil, nadie está contratando”, explicó, por lo que decidió reinventarse y emprender.
Compró una fumigadora de espalda y comenzó a ofrecer servicios de sanitización y desinfección de espacios y vehículos (+56977651207), una actividad emergente en el contexto sanitario, y que advirtió “requiere de conocimientos, porque el uso de algunos productos, como el amonio cuaternario, conlleva ciertos riesgos que un profesional puede evaluar y controlar”.
“Para las personas de clase media no hay muchas opciones de acceder a beneficios del Estado, uno no califica en los segmentos que reciben ayuda, como los bonos, y si uno está endeudado, es prácticamente imposible acceder a un crédito; mientras, los meses pasan y hay que pagar el dividendo, las cuentas, la educación de los hijos”, reflexionó.
Foto: Cristian Cáceres
