Entre los estudiosos hay coincidencia en que uno de los factores clave para explicar el actual centralismo que afecta a Chile y que nos sitúa como el país más retrógrado de la OCDE en esta materia ha sido el esfuerzo del sistema político por resguardar el principio portaliano de “garantizar el interés y la unidad nacional” por la vía de contar en regiones con una autoridad que sea el representante directo e inmediato del Presidente de la República.
Este principio, que está en nuestra Constitución desde 1831, se mantiene en la actualidad y su misión es resguardar que “los criollos” que habitan en regiones no se rebelen ante el poder central y pongan en riesgo la “unidad nacional”.
Es así como el centralismo está metido en nuestras principales instituciones políticas, partiendo por los partidos políticos. Es aquí donde encontramos uno de los principales obstaculizadores para avanzar en esta materia, dado que quienes deben proponer reformas para modificarlo, pertenecen a las instituciones más centralizadas que tiene el país.
Chile no escapa a la realidad de América Latina, donde el centralismo está arraigado en rasgos y características de la Constitución, el sistema electoral y los sistemas de partidos. En países con partidos políticos nacionales hegemónicos, o con partidos políticos con sistemas de decisión interna centralizados, el gobierno central ejercita un mayor control sobre el poder político y el uso de los recursos fiscales en los niveles locales. Se puede deducir, entonces, que en países con partidos políticos con sistemas de decisión centralizados es donde la descentralización muestra sus peores avances.
Por el contrario, en países con partidos políticos regionales o con partidos que cuentan con sistemas de decisión más descentralizados, se observan mayores avances en materia de descentralización. ¿Por qué se genera este proceso? Porque en estos casos, los representantes políticos territoriales (diputados o senadores, dependiendo del caso) ejercitan una fuerte influencia sobre los legisladores nacionales.
La descentralización, entonces, termina siendo el resultado de los incentivos disponibles para políticos de diferentes niveles de gobierno. Observando el caso chileno se puede deducir que dada la estructura de decisión para asignar escaños parlamentarios en los partidos políticos, la lealtad de los elegidos (candidatos a senadores y diputados) está más puesta en las estructuras e intereses nacionales que regionales de los partidos políticos. Por eso cabe preguntarse ¿para quién legislan los parlamentarios en materia de descentralización? ¿Para el interés del centro o para el interés real de las regiones?
La futura discusión constitucional debería entregarnos respuestas de si hay un cambio en esta lógica perversa o seguimos presa de esa dogmática, conservadora e interesada visión que tiene la elite política central respecto de las regiones.
El plebiscito de este domingo abre la oportunidad histórica de tener una nueva Carta Magna y legar a las futuras generaciones no solo un nuevo pacto social, sino también uno territorial que le otorgue más poder, competencias y recursos de decisión autónoma a las municipalidades y a los gobiernos regionales, así como espacios significativos de participación para las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.
