El corte de cinta que, en diciembre del 2001, inauguraba formalmente la Autopista del Itata, no solo fue el resultado del proyecto de ingeniería más grande de Ñuble hasta esa fecha y de incontables horas de trabajo. “Sino que extrajeron ripio y áridos por más de tres kilómetros del lecho, sin control alguno ni fiscalización de nadie, que hizo que la cota del río dejara descolgado cuatro canales de regadío de mucha importancia”.
Las palabras son del presidente de la Junta de Vigilancia del Río Chillán, Héctor Jaque, entidad que ha estado denunciando extracciones irregulares desde este efluvio, situación que-ya lo advirtió- se ha repetido en diversas partes de Ñuble.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Considerando que esa extracción realizada por la empresa mexicana Tribasa “dejó a más de 400 agricultores sin agua para regar”, dice observar con cierta impotencia que este fenómeno se haya hecho evidente ahora, en un sector del río Diguillín, correspondiente a la comuna de Bulnes, por lo que el Ministerio Público ya abrió una investigación por presunto delito de hurto, a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de una querella.
La procuradora del CDE, abogada Mariella Dentone, junto con revisar las implicancias legales de lo que a su juicio se trata de una actividad irregular, apuntó que el bien jurídico a proteger con esta acción es el medio ambiente.
Considerando que la empresa Sopramat S.p.A y Oyaneder E.I.R.L, “si bien contaba en un comienzo con la autorización por parte de la Municipalidad de Bulnes, ellos siguieron extrayendo áridos con las autorizaciones ya vencidas”, explicó.
Conforme a lo que se explica en la querella, la empresa obtuvo una calificación ambiental favorable, el 15 de mayo de 2008 y con una vida útil de 10 años, para ejecutar el proyecto “Extracción mecanizada de Áridos desde el cauce del río Diguillín -sector Los Tilos, Áridos Sopramat”, iniciando faenas en enero de 2009.
Ya para 2018, la DGA les ordenó paralizar las faenas, no solo por antecedentes de incumplimientos e infracciones, sino porque no contaban con los permisos exigidos en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas.
Además, les ordenó la restitución del cauce del canal El Carmen, hasta su descarga en el río Diguillín.
La denuncia penal llegaría el 2021 cuando la DGA de la Región de Ñuble obtuvo antecedentes que apuntan a que el dueño de la empresa, Óscar Vásquez Oyaneder, a través de nuevas empresas constituidas por él, siguió con los procesos de extracción.
“Tanto las aguas de los ríos como los cauces de los ríos son bienes nacionales de uso público, es decir, pertenecen a todos los habitantes de la nación. El delito de hurto, que se disputa en nuestra querella, se relaciona con la extracción ilegal de áridos respecto del cauce del río”, zanjó la procuradora.
Sin poder fiscalizador
El alcalde de Bulnes, Guillermo Yaber, tras enterarse de esta querella, comentó que -en efecto- la empresa que está realizando extracciones en Los Tilos, “ha sido objeto de varias infracciones y de quejas por parte de los regantes. Pero la verdad esque nosotros como municipio no es mucho más lo que podemos hacer, salvo cursar multas y no renovar patentes. No contamos con la fuerza para retirarlos del lugar o cortarles el paso”.
Sobre la posibilidad de sumarse o no a la querella del CDE, declaró que “es algo que tendremos que estudiar, pero en este punto es importante conocer qué están haciendo las otras municipalidades, ya que se trata de un tema que se repite en varias comunas de la región”.
En lo que a Chillán respecta, la bancada medioambiental del Concejo Municipal aún está intentando paralizar las faenas realizadas por la empresa Hermanos Barrera, en el río Chillán.
Uno de los integrantes, el concejal, Joseph Careaga, dice que “lamentablemente, no sacamos nada con hacer una ordenanza nueva o con más restricciones, si lo que vemos es que las empresas no son fiscalizadas ni investigadas. En otras palabras, tienen chipe libre para hacer lo que quieran”.
Como otro antecedente negativo surge una querella del CDE, anterior a esta, pero en contra de la empresa Armix, a la que e le acusaba de realizar extracciones en el río Ñuble, comuna de Chillán, también con un permiso vencido.
Sin embargo, esa investigación fue cerrada por el Ministerio Público antes de formalizarse.
“Lo que queremos hacer es, sencillamente, no dar más permisos, porque no hay peritajes, no hay fiscalizaciones ni ningún tipo de garantías. Si las empresas quieren llegar hasta la Suprema, que lo hagan, pero si les va bien, al menos no seremos los concejales que permitieron el desastre”, finalizó.
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