El Consejo de Defensa del Estado, dedujo una querella criminal contra el exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, por su participación en eventuales negociaciones incompatibles mientras detentó el alto cargo en el municipio local, presuntamente favoreciéndose a sí mismo y sus familiares directos.
En el escrito, firmado por Mariella Dentone Salgado, abogada del CDE, se plantea que Vallejos sería “autor del delito reiterado de negociación incompatible del artículo 240 inciso primero N° 1, e incisos segundo y tercero del Código Penal. Asimismo, entablo la presente querella en contra de todos aquellos que resulten responsables, según se determine en el curso de la investigación, como autores, cómplices o encubridores de estos ilícitos y/o de cualquier otro delito que se advierta cometido”.
Según se expone en el documento oficial, la investigación se refiere a tres contratos suscritos por la Municipalidad de Chillán con la empresa WOF Chile Protección y Prevención Limitada, para proveer de diversos servicios al ente edilicio.
Los contratos, se expone, fueron autorizados “por decretos alcaldicios, suscritos por Ricardo Andrés Vallejos Palacios, administrador municipal de Chillán, quien actuó como alcalde subrogante del titular, Sergio Zarzar Andonie. En los mismos, resultó favorecido el mismo Vallejos Palacios, así como otras personas y sociedades a las que se halla vinculado”.
Para mayor detalle se plantea que si bien la empresa suscribía estos contratos, “quienes realmente actuaban a través de ella y se veían beneficiados con los mismos, como se expone más adelante, eran el propio querellado y familiares suyos, a través de otras sociedades en la que participaban, sea como socios o representantes legales”.
En el escrito del CDF se sugiere que además de Vallejos, se habrían beneficiado, su hermano, y también sobrinos.
Una de las sociedades vinculadas a las negociaciones que reprocha el CDF sería Servicios Mecanizados “Camarico”, en la que participaban como socios el imputado, hermano y sobrinos. Finalmente el ex administrador habría cedido a su pariente el control de la entidad.
Otra entidad ligada a los Vallejos sería “Sotrafer, S.p. A.”, la cual inicialmente estaba controlada por familiares de Vallejos Palacio, pero posteriormente fue traspasada a un “empleado de Camarico, Limitada”, y persona de confianza de la familia Vallejos Palacios. Posteriormente, además, se cambia la razón social de la empresa, que pasa a llamarse “Los Almendros, S.p.A.
Se suman a ellas la “Sociedad Renta e Inversiones Guival, S.p.A” y la Sociedad “Terrasky Chile, S.p.A”.
Los traspasos internos que se produjeron al interior de estas empresas, una de las cesiones simuladas de derechos, según la querella “tuvo por objeto permitir que Sotrafer continuara prestando servicios para el municipio de Chillán, sin que se advirtiera el vínculo entre el administrador, Ricardo Vallejos Palacios, y sus empresas familiares”.
El CDE agrega que “esta estructura familiar y societaria fue funcional a la comisión de los ilícitos que se describen” .
Según el Consejo de Defensa del Estado, Vallejos, siendo administrador de Chillán, autorizó arriendos, mediante contratación directa, de camiones aljibes a la sociedad Wof Chile por unos $15.000.000.
Agrega que “el empleado público Ricardo Andrés Vallejos Palacios, funcionario de alto nivel dentro de la Ilustre Municipalidad de Chillán, efectivamente, incurrió en las referidas conductas, tanto tomando interés, como dando este interés a personas vinculadas con él por lazos de familia, y, también, otorgando interés a sociedades en las que él mismo participa como socio o participan, como socios o administradores, sus parientes por consanguinidad”.
“Sin destino”
El abogado Juan Carlos Manríquez, que asesora a Ricardo Vallejos, indicó que “nosotros pensamos que la imputación de la fiscalía es completamente errónea, están muy equivocados porque el señor Vallejos no ha incumplido y no ha dejado de cumplir ningún acto el cargo; más aún, él no le dio ningún interés a ningún pariente del que la ley señala en esas actuaciones administrativas”.
Manríquez remarcó que “nosotros pensamos que la querella del Consejo de Defensa el Estado no debiera tener ningún destino”.
“Esperamos que como estas son investigaciones de largo aliento, cada un de las afirmaciones incorrectas que tiene el Consejo, así como las imprecisiones de la formalización de la Fiscalía, se vayan a ir esclareciendo en el curso de la investigación”
