Pese a que no hay quien pudiera negar que en Ñuble, el grado de violencia en el marco delictual que afecta a la zona ha aumentado, ni tampoco es posible esconder la presencia de crimen organizado o el aumento gigantesco de presencia de drogas en nuestras calles, la región siempre asoma muy abajo en materia de afectaciones, si se compara con promedios nacionales.
Es como si siempre fuéramos un lugar en el que sólo se sienten las réplicas de cada terremoto social que afecta al país.
Sin embargo, de favorecidos en materia de recursos para hacer frente a esos problemas, también se está muy abajo y sí lideramos cada ranking de precariedades.
Con este contexto como telón de fondo, merece la pena revisar algunas cifras del Ministerio Público, especialmente, luego que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, realizara un sincero diagnóstico de los recursos y resultados que los fiscales presentan en la actualidad en el país, destacando que “los objetivos que se han obtenido en los tribunales, en el último tiempo, deben mejorar”, como lo reconoció a inicios de semana en Radio Bío Bío.
En la misma entrevista, explicó que le pidió a cada fiscal regional que se “autoimpusiera” una meta en esta materia. Una que no se relacionara a un cumplimiento de bonos, sino a una “evaluación de desempeño”.
Esa meta autoimpuesta –explican en la Fiscalía Regional de Ñuble- es confidencial. Sin embargo, destacan que en materia de absoluciones y condenas obtenidas en tribunales, es superior a la que exhibe en promedio el resto del país.
Los datos compartidos por la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público de Ñuble, apuntan que del total de causas ingresadas para investigación, cerca de un 10,97% revisten la gravedad penal suficiente como para resolverse en un juicio; y de ellas, un 10,08% concluyen con fallos condenatorio (9,58% es el promedio nacional).
Los fallos absolutorio, en tanto, desde enero a la fecha, representan el 0,87% (1,22% en el país).
Más causas y la misma dotación
Pero en el lado oscuro de las estadísticas fiscales, lo más preocupante es que desde el 2019, año en que comienza a funcionar la Fiscalía Regional, la cantidad de causas ingresadas era de 2.107 por fiscal; mientras que la proyección realizada para el fin de este 2024, es de 2.719. Y sin embargo, la dotación de fiscales sigue siendo la misma: 16 persecutores, es decir, cinco más que la dotación existente en Ñuble, cuando aún se dependía de la regional de Biobío.
Por lo tanto, es complejo anticipar mejores resultados sino hay cambios mediante.
“La única forma de hacerlo es tratando de hacer eficientes los recursos que nosotros tenemos. Se debe poner énfasis en algunos aspectos y tener que dejar de lado a algunos otro. Y si a veces, puede causar un impacto negativo en algunas áreas, sí puede causar un aspecto positivo en otras”, explicó la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.
A la fiscal, quien llegaba del Ministerio Público de Graneros (Región de O´Higgins) le afectó el mismo problema que han criticado en el Registro Civil, en el Servicio de Impuestos Internos y en diversas carteras ministeriales, es decir, se les prometieron dotaciones y recursos que a la fecha no les han entregado.
“Desde que yo la asumí, por allá por agosto del año 2018, esta fiscalía tenía una impronta que se había dado respecto a lo que era Bio Bio en ese momento, y se instala la región con los mismos recursos y las mismas cosas que existían hasta ese momento, propias de una fiscalía de provincia. Y esto no solamente me ha pasado a mí como autoridad regional, sino que a todas las autoridades llamados instalar la región. Y a seis años todavía nos estamos instalando, porque los recursos en general no han mejorado todo lo necesario”.
Aún así, la fiscal Mansilla debió autoimponerse esa meta de resultados positivos, porque –como ella misma advierte- lo anterior “no puede ser una excusa para no hacer el trabajo que uno tiene que hacer.
Tras la cuenta pública del año anterior, se evidenció que los ingresos en la región de Ñuble habían alcanzado un 33.714 incluyendo todos los tipos de delitos, faltas, simples delitos y crímenes.
El año 2023 ya habían ingresado 41.229 delitos, lo que representa un aumento de casi, de más de 7.000 delitos.
Con una población regional que se proyecta de 521 mil habitantes,” lo que vemos es que hay un aumento de la cantidad de ilícitos, pero además hay un cambio de paradigma en cuanto al tipo de delitos que hay en la región. Sin duda los delitos se han ido complejizando. Hay más delitos de corrupción, hay delitos, o más investigaciones, hay un aumento importante de los delitos sexuales contra niños y adolescentes” describe.
Conforme a los estudios hechos por el Ministerio Público Nacional, cada fiscal no debe tener más de 1.200 causas, para garantizar la eficiencia que se esperaba del órgano persecutor, cuando se creó a inicios de este siglo.
Gestión y esperanza
Para poder ganar terreno ante una creciente demanda de resultados, que se exige desde lo social y lo políticos, como consecuencia del alza de la criminalidad, la Fiscalía se ha apoyado en los recursos obtenidos por las policías, las municipalidades y el Gobierno Regional, entidades que han dotado a Ñuble de una amplia red de televigilancia, patrullajes, mesas de trabajo, cruce de información y, en especial, por la creación de unidades especializadas como la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sevb), el Grupo de Operaciones Especiales (Gope), el OS9 y el recientemente creado Labocar, de Carabineros.
La propia fiscal regional de Ñuble, acompañó a la general María Teresa Araya, jefe de Zona de Carabineros, para plantearle al Director General, de la Institución uniformada, general Ricardo Yáñez, sobre la urgencia de autorizar el proyecto del Labocar.
Por el momento, es imposible que en la región se cree una Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) en la Fiscalía de Ñuble, puesto que en la zona no se tiene la tasa de homicidios que se requiere para contar con esa unidad.
Desde lo legislativo, también podría haber ayuda. Existe un Proyecto de Fortalecimiento, con el que se busca la incorporación de un número suficiente de fiscales que permitan llegar a un estándar de 5 por cada 100 mil habitantes.
Si se consideran las proyecciones de población del INE para el presente año, que estiman para Ñuble una población de 521.711 habitantes, tendríamos que tener una dotación regional de 25 fiscales.
El estudio de las necesidades de dotación incluyó entre otros factores las necesidades regionales en base al volumen de ingresos, el tiempo promedio de tramitación, el tiempo laboral efectivo disponible para la tramitación de cada delito, la focalización de esfuerzos en la persecución de fenómenos emergentes regionales y un estándar de carga de trabajo (1.200 causas por fiscal y 1.600 para fiscalías grandes).
Adicionalmente, se consideró un trato especial para las fiscalías unipersonales y bipersonales. Lo anterior, para el caso regional se traduce en un aumento de 11 fiscales.
Pese a esto, no hay nada que asegure que sean 11 los fiscales los que, en efecto, se sumen a la dotación regional.
Otra modificación al cuerpo legal del Código Procesal Penal, que podría ser clave para darle celeridad al término de las causas, es la que apunta a aumentar las facultades del Juzgado de Garantía, de forma que en los juicios simplificados se puedan revisar causas con una proyección de pena de hasta 10 años de cárcel (actualmente es de hasta 5 años), y así dejar para sede de los Tribunales Orales en lo Penal, sólo aquellas causas más complejas.
Si se tiene en cuenta que en Ñuble existen cinco juzgados de Garantía y sólo un Tribunal Oral en lo Penal, se desprende que habrá una mayor cantidad jueces resolviendo aquellas causas de hasta 10 años de prognosis de pena.
Tampoco se puede perder de vista, que en el caso de los juicios simplificados, existe una negociación y un final acordado entre fiscales y defensores, por lo que las audiencias se anticipan condenatorias, aunque con una rebaja en las respectivas penas.
Nosotros dentro de las cifras nacionales, no podemos decir que somos los mejores, pero nuestros resultados son objetivamente buenos, con relación a las otras regiones. Siempre nos hemos mantenido entre los quintos, o los séptimos en el contexto y hemos sido una región que además ha estado baja en archivos. El año pasado, terminamos con cerca de un 37% de archivos provisionales, y de enero a la fecha vamos con un 48,65%”, detalla la fiscal Mansilla.
Necesidad de dividir fuerzas
En 2003, cuando recién comenzaban las audiencias en el Juzgado de Garantía de Chillán, no a pocos actores en estos nuevos escenarios mandatados a resolver los delitos, les llamó la atención una audiencia por violencia intrafamiliar registrada en noviembre de ese año.
El imputado era un arquitecto quien fue denunciado por su esposa de arrojarle un almohadón en la cara, mientras discutían. El final fue una previsible suspensión condicional de la causa, y nunca más el matrimonio volvió a aparecer en esas salas.
Si bien el llamado del Gobierno es a denunciar la violencia intrafamiliar desde su inicio, este almohadonazo parece muy exageradamente distante de otras causas como los secuestros, los portonazos, el lavado de activos o los robos con homicidio.
También hay mucha diferencia entre el hurto de un chocolate desde una tienda de barrio a los casos investigados en relación al crimen organizado.
Todos ellos, sin embargo, requieren de un fiscal investigando, de policías y de la programación de audiencias en los tribunales.
Lejos de pedir que se reduzca el catálogo de delitos, en la Fiscalía admiten que al menos sería “óptimo” que los legisladores consideraran la posibilidad que los hurtos falta, las riñas con lesiones leves y los delitos faltas en general, se puedan resolver en otras entidades estatales.
Por el momento, “lo que estamos haciendo es colocar las causas más complejas en manos de fiscales especializados. Y las causas de menor complejidad son investigadas por equipos específicos, los que requieren más personal. Las causas complejas tienen que ver con bandas criminales y crimen organizado, entre ellas las de drogas que han tenido un aumento pronunciado en la región, y el narcotráfico genera una cascada de otros delitos hacia abajo”, explica.
De todas formas, la fiscal regional aclara que para ellos como unidad investigativa, es altamente necesario, tener toda la información de delitos que se puedan cometer en la zona, desde lo de menor a mayor connotación nacional, ya que muchas veces es desde el cruce de datos recogidos en procedimientos aparentemente de menor impacto, que se ha encontrado elementos claves para poder resolver causas de mayor complejidad.
“Nosotros tenemos la base de datos, a nosotros nos ingresa todo. Si hay una base de datos más completa es la del Ministerio Público, porque nosotros tenemos todo lo que ingresa de todos los delitos y de todas partes”, destaca.
La amenaza principal
En la Fiscalía Regional no solo esperan una mayor dotación de fiscales, sino que también esperan conseguir recursos para optar a una especialización más compleja para los abogados del Ministerio Púbico, y así poder dar respuesta a los desafíos que ha generado la presencia de bandas extranjeras, crimen organizado, mayor presencia de armas en manos de la delincuencia y el aumento de los puntos de narcotráfico en la región.
“Hace poco tiempo, no menos de un mes, encontramos un lugar donde fabricaban armas. Esas armas, no las venden las arriendan a los traficantes, entonces ahí estamos hablando ya de crimen organizado, bandas de gran envergadura que pueden terminar en definitiva en crímenes muy graves. Necesitamos fiscales especializados y otros que se dediquen a los delitos más comunes, para trabajar con las modificaciones que ha hecho el Fiscal Nacional y cumplir con lo que nos ha pedido”, ejemplificó la fiscal regional de Ñuble, zona que hasta el momento, no ha sido tan golpeada por el crimen organizado como las regiones vecinas.
