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Durante las últimas semanas ha continuado la discusión legislativa del proyecto de reforma al Código de Aguas. Como se recordará, éste fue ingresado a tramitación por moción parlamentaria en 2011. Hasta la fecha, el proyecto ha sufrido cambios significativos, a través de indicaciones sustitutivas presentadas en 2014 por el Gobierno de Michelle Bachelet y en 2019 por el de Sebastián Piñera.
Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Agricultura del Senado, y uno de los temas que mayor debate ha generado es el de la protección de las cuencas, puesto que en las modificaciones incorporadas en la administración Bachelet se establece que para la constitución de derechos de aprovechamiento superficiales podrá definirse un “caudal ecológico mínimo que no podrá ser superior al 20% del caudal medio anual”.
Sin embargo, en algunos ríos de Chile el 20% medio anual es superior al caudal que existe en verano, precisamente en temporada de riego, generándose una suerte de desincentivo, porque en definitiva no hay ni siquiera agua para satisfacer dicho caudal.
Conviene mencionar que el caudal ecológico ya existe en la legislación, sin embargo, su aplicación es bastante discrecional, y no solo se aplica a los nuevos derechos, sino que también a los traslados.
En el caso del río Ñuble, el caudal medio anual de los últimos 30 años es de 90 metros cúbicos por segundo, con lo que el 20% corresponde a 18 m3/s; mientras que en enero, el caudal medio es de 38 m3/s. Ello, sin considerar el escenario de megasequía, puesto que los pronósticos para el verano que se avecina cifran en 22 m3/s el caudal medio de enero y en 16 m3/s el de febrero.
Frente a este absurdo que carece de fundamento técnico, en la comisión el Gobierno propuso calcular el caudal ecológico a partir del caudal medio mensual, lo que es bastante más lógico, tal como la Dirección General de Aguas lo hace actualmente según establece el reglamento respectivo. De esta forma, el Gobierno proponía continuar con el criterio actual de adjudicar derechos en forma diferenciada por meses.
Lamentablemente, esa propuesta fue rechazada por la mayoría opositora de la comisión, donde el argumento expuesto por su asesor, el exdirector de la DGA, Carlos Estévez, es más bien emocional: “cuando uno busca a estas alturas de la vida defender lo poco que se puede defender del río que no tiene un defensor directamente, es más lógico mantenerlo como caudal anual”.
Frente a este nivel de argumentación, cabe suponer que los parlamentarios están legislando para todo un país a partir de lo que ocurre en el río Aconcagua o en las regiones mineras donde se ha constatado una sobreexplotación del recurso y muchos cauces están agotados, pero nadie podría decir que en el río Ñuble las plantaciones de paltos o las instalaciones industriales están consumiendo el agua. ¿Será que se está legislando para la galería o para grupos extremistas que demonizan cualquier actividad productiva?
En ese sentido, la ley debiera establecer la posibilidad de analizar las particularidades hidrológicas de cada cuenca en términos ecológicos, de manera de lograr un equilibrio entre las actividades productivas, como la agricultura, y la protección de los ecosistemas. Lamentablemente, y así como ha ocurrido con el resto de los artículos del proyecto, las necesarias correcciones técnicas planteadas por el Ejecutivo no han sido consideradas.
