El debate en torno al reajuste del sector público cobró una nueva dimensión en el Congreso este lunes, al cruzarse con la emergencia nacional por los incendios forestales que azotan el sur del país.
La complejidad se centra en la identificación y reasignación de recursos, dado que una parte considerable del Tesoro Público está siendo absorbida por la atención a estas catástrofes.
En una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, la contralora Dorothy Pérez y Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, emplazaron al Ejecutivo a esclarecer el origen de los fondos para el reajuste.
Pérez, jefa del organismo fiscalizador, destacó que el proyecto de reajuste no anula el artículo del estatuto administrativo que establece la finalización de las contratas el 31 de diciembre por mandato legal.
Asimismo, afirmó que tener que justificar los despidos mediante un dictamen fundado, caso a caso, es una medida muy complicada de implementar.
Frente a esto, la líder del órgano contralor hizo una propuesta concreta para aliviar la presión sobre los fondos públicos: poner un límite a los subsidios del transporte público en regiones para que no se produzca el desfonde que ha generado el Transantiago.
Un punto crítico es el déficit actual para financiar el reajuste, que asciende a 822 millones de dólares.
“Hemos reiterado acá la necesidad de que se identifiquen detalladamente estos espacios de reasignación, porque uno distingue que la asignación 104 también tiene que poder cubrir otros elementos como las emergencias”, enfatizó Benavides.
Mientras que Pérez indicó que, dada la magnitud de la crisis en el sur, “probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”.
