En junio de 2021, la muerte de tres técnicas en enfermería (Tens) en diferentes hospitales del país, entre ellos una trabajadora en el Hospital de Chillán, generó una sesión especial por parte de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas.
En esa instancia se expuso la situación de Karin Salgado, Tens del Hospital de Chillán, quien se suicidó en 2019, tras un sumario y supuesto hostigamiento que dejó registrado en una carta y que la llevó a atentar dos veces contra su vida.
La funcionaria decidió quitarse la vida el martes 12 de noviembre de 2019. En un escrito que dejó antes de morir contó su angustia por el acoso laboral que sufrió como Tens al interior del hospital Herminda Martin de Chillán, tras un sumario que la dejó además afectada económicamente.
La hermana de Karin, Claudia Salgado, impulsó la búsqueda de justicia y casi tres años después, el 13 de junio de 2022, se ingresó un proyecto de ley para modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral.
La diputada Erika Oliviera, del partido Demócratas, presentó el texto, destacando que la norma busca recordar a quienes han sufrido hostigamientos en el trabajo, afectando su vida y salud.
“En Chile se ha normalizado este tipo de conductas y cuando alguna víctima se atreve a denunciar, su vida se convierte en un infierno porque los trabajadores no cuentan con ningún tipo de resguardo, apoyo o reparación. Por eso era necesario perfeccionar la ley”, comentó la diputada.
Finalmente, el 29 de noviembre de este año, destacando la obligación de educar y sensibilizar, la Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó a Sala el proyecto que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, conocido como Ley Karin.
La instancia, presidida por la senadora Loreto Carvajal, precisó aspectos relacionados con los protocolos de prevención que deberán fijar tanto el sector privado como el público (estatuto administrativo), a propósito de una norma general de la Suseso, que instruye a las mutualidades a poner a disposición estos protocolos de prevención.
Así, se respaldó por mayoría la indicación de los senadores Iván Moreira, Matías Walker, Gastón Saavedra y Rodrigo Galilea, que, según argumentaron los autores, “busca generar confianzas” y es “jurídicamente más clara”, para que “nunca más hayan Karin”.
En la misma línea, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que “se establecen los principios básicos para un debido proceso (…) y en la dimensión más humana, esta ley tiene una profundidad importante, influye mucho en la vida de las personas”
En tanto, la senadora Carvajal aclaró que “no existen dudas respecto del propósito y celeridad del proyecto, hay un esfuerzo conjunto”, pero argumentó que esperaba estipular los “efectos de una denuncia inconsistentes, ¿qué otras medidas podrían haber?, procurando evitar generar el miedo a denunciar”.
Con todo, la Comisión agregó que, en el protocolo se deberán considerar, “las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinada a resguardar la debida actuación de las y los trabajadores, independiente del resultado de la investigación en estos procedimientos.”
Lo que se suma al resto de las presiones incluidas en el protocolo, entre otras, identificar los peligros; las medidas para prevenir y controlar riesgos; medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras.
El texto deja claramente estipuladas definiciones para el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; además, se mejoran los mecanismos de prevención en las diversas instancias, incluyendo una serie de medidas de resguardo y el reconocimiento de atención psicológica temprana para las personas trabajadoras denunciantes, tanto en el sector público como privado.
Los presentes en la instancia especializada valoraron los acuerdos alcanzados para “hacer efectiva la legislación en casos que siguen ocurriendo y muchas veces las consecuencias se ven tiempo después y afectan la salud mental a las personas”.
Tras el despacho, la hermana de Karin, Claudia Salgado, señaló que “el proyecto salvará vidas. Karin es el rostro de muchas personas que hoy están sufriendo”.
Por su parte, la senadora Loreto Carvajal recalcó que “este paso que hoy damos (…) visibiliza lo que pasa en la vida cotidiana (…) y me enorgullece que hemos hecho una contribución en conjunto. Hace que valga la pena y que no tengamos que morir por injusticias. No nos quedemos nunca más atrás”.
