Faltando solo dos días para que se cumpla un año de la investigación fiscal por delitos de cohecho y soborno, en el marco de diversas licitaciones municipales para el recambio del alumbrado público, conocido como “Caso Led”, el Ministerio Público Regional, a cargo de la investigación en todo el país (salvo Iquique), volvió a solicitar una nueva ampliación del plazo para las indagaciones judiciales de la causa.
La Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía de San Carlos una prórroga por seis meses, aludiendo a la necesidad de realizar un total de 12 diligencias, entre ellas, más tomas de declaraciones o la incautación de material y equipos desde la Municipalidad de Chillán, para someterlos al peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI) y así comprobar o descartar la existencia de evidencia que apunte a cruce de información, conversaciones o correos relevantes para la tesis de corrupción que plantea el ente persecutor en este proceso de licitación que le adjudicó (fallidamente) más de $3.970 millones de pesos a la empresa Itelecom, en su calidad de ganadora del concurso para el recambio de luminarias a tecnología led.
Sin embargo, y tras oír los argumentos de oposición de las partes defensoras de los ejecutivos de Itelecom; del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos; y del exasesor jurídico del municipio chillanejo, Marcelo Campos, el tribunal decretó un plazo de 45 días.
“Solo dos de esas 12 solicitudes que el Ministerio Público plantea como de suma urgencia, tienen relación con la arista formalizada y que podrían tener alguna pertinencia con el caso. Las otras decían relación con otros imputados, con hechos que son de reciente data con hechos que son parte de la arista del Ministerio de Energía, lo que a nuestro entender pueden ser fácilmente desagrupadas y llevadas en paralelo por el Ministerio Público”, apuntó el abogado Juan Carlos Manríquez, defensa de Ricardo Vallejos.
En tanto, Giovanni Gotelli, quien defiende a su colega Marcelo Campos, insiste en que “la Fiscalía ha estado un año haciendo más y más imputaciones sin sostenerlas en evidencia alguna, y no olvidemos que tampoco han podido respaldar su tesis de que estos ilícitos se cometieron antes que se modificara la Ley Anticorrupción, es decir en noviembre del 2018, todo lo contrario”.
Respecto al nuevo plazo, Gotelli en tono irónico comentó que “y que no quepa la menor duda que seguirán y seguirán pidiendo más plazo, porque no tienen nada. Para nosotros es mejor, mientras más investigan, más nos dan la razón”.
Remoción de Campos
Cuando el asesor jurídico municipal, Marcelo Campos, fue detenido por la PDI con un maletín con $37 millones que le había entregado Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, como concepto de sobornos (según la propia declaración del empresario), el abogado era además juez de Policía Local de Pemuco.
Fue por solicitud de la Corte Suprema que se ordenó un sumario administrativo en su contra, el que se le encargó al fiscal judicial Juan Pablo Nodeau. En esta investigación Campos habría confesado que esos $37 millones era un pago por concepto de asesorías judiciales, lo que –según información a la que tuvo acceso La Discusión- habría sido acogido por el fiscal Nodeau, quien argumentando que había “duda razonable” en la defensa de Campos, y le sugirió a la Corte de Apelaciones un castigo de tres meses de suspensión con goce de medio sueldo.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones resolvió aplicar la sanción máxima legal que es la de suspensión por cuatro meses, pero además le remitió los informes disciplinarios de Campos a la Corte Suprema, a la que le sugiere como sentencia administrativa, su remoción total del cargo.
“Ello por estimar que ha atentando gravemente al principio de integridad que debe regir la conducta de todo juez”, explicó el ministro Guillermo Arcos.
