El Ministerio Público confirmó que no volverá a solicitar más plazo para mantener en estado de secreta la carpeta de investigación confeccionada por la entidad persecutora contenedoras de los antecedentes relativos al llamado “Caso Led”.
Así lo ratificó el asesor jurídico de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, en la audiencia de alegatos en el Tribunal Constitucional (TC), la que se realizó a solicitud del abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del exadminstrador de la Municipalidad de Chillán y preso preventivo por esta causa, Ricardo Vallejos, con la finalidad de conseguir el alzamiento del secreto investigativo que se arrastra desde el mismo día de la formalización de los hechos, el pasado 9 de mayo.
“El secreto de la investigación, del artículo 31 de la Ley 19.913 que efectivamente fue aplicado por la fiscal regional (Nayalet Mansilla), quien está a cargo de esta investigación, dejó de surtir efecto dado que no se solicitó la renovación por parte del Ministerio Público. Y esto ocurrió el 30 de noviembre”, explicó el abogado Soto ante los ministros del TC.
En la misma instancia, y ante la consulta específica del tribunal, Soto confirmó que ya, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, que actúa como querellante en la causa, había tenido acceso a los contenidos de estos tomos a partir de esa fecha; pero que además “ya se está trabajando en hacer llegar copias físicas de la carpeta al resto de los intervinientes, lo que se realizará este próximo 14 de diciembre”.
Recurso de inaplicabilidad
El abogado Manríquez había llegado a esta instancia judicial presentando un recurso de inaplicabilidad constitucional, considerando que a su entender el secreto del artículo 19.931 se había creado para investigar delitos económicos como el lavado de activos, delito por el que –según su entender- no se estaba persiguiendo específicamente a su representado, de tal manera que el secreto no debía regir para ellos.
Con base en lo anterior planteó en la audiencia que esta situación “produce, ha producido y puede seguir produciendo ingentes consecuencias anticonstitucionales” y que “el señor Vallejos Palacios está formalizado solo por el delito de cohecho”, añadiendo que su aplicación en el caso del exfuncionario municipal ha sido “abusiva y sancionatoria”.
“Explicar lo inexplicable”
Destaca además dentro de su ponencia una crítica hecha al Ministerio Público puesto que no cumpliría con su deber de “velar en todo minuto por los derechos del justiciable (Vallejos) para hacer cabal y eficiente a su derecho de defensa”.
También discutió la interpretación hecha por la Fiscalía respecto a unas conversaciones entre Vallejos y Marcelo Campos, (exasesor jurídico municipal y también preso preventivo) oídas mediante interceptaciones, de las que desprende que luego que Campos presuntamente aceptara un soborno de 6 mil pesos por cada luminaria instalada tras la adjudicación a favor de la empresa Itelecom, Vallejos habría mostrado interés en hacerse parte del acuerdo.
“Y el Ministerio Público sabe que mi representado jamás tuvo siquiera la oportunidad de recibir ese dinero, porque el señor Campos ya había sido detenido en su automóvil con el dinero, cuando volvía hacia Chillán”, explicó.
El asesor jurídico de la Fiscalía, en su exposición salió al paso de tales dichos revelando con ello que Ricardo Vallejos sí había prestado declaración, pese a que sus representantes legales siempre dijeron a los medios que no lo había hecho.
“El señor Vallejos tuvo la oportunidad de declarar en esta causa. Y cuando lo hace, ni siquiera fue capaz de explicar lo inexplicable en relación a estas escuchas telefónicas”, comentó.
Soto, además, sugirió que con esa declaración, “el señor Vallejos tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos, por lo tanto sí ha contado con amparo judicial”.
