Para que del delito de cohecho se pase al de lavado de activos, hay que ocupar o gastar ese dinero mal habido. De lo contrario, no se estaría en presencia del lavado de dinero.
Eso fue precisamente lo que se revisó en la audiencia de formalización realizada este viernes en Iquique, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción que favorecieron a la empresa Itelecom en la licitación para el recambio de luminarias públicas a tecnología led, situación que se habría repetido en la Municipalidad de Chillán, por lo que la PDI detuvo al administrador municipal, Ricardo Vallejos; y al juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos.
El fiscal de Tarapacá, Gonzalo Guerrero, pidió la prisión preventiva en contra de tres concejales, dos funcionarios públicos, dos representantes de la empresa (incluyendo al dueño, Marcelo Lefort) y a otros tres particulares.
Y junto con los cargos de soborno, violación de secreto, asociación ilícita y cohecho, se añadió la de lavado de activos.
“Acá no podría de ninguna manera formalizarse a los imputados por ese delito, porque ante la hipótesis de sobornos, violaciones de secretos o cohechos que asegura el Ministerio Público, aquí nadie recibió algún tipo de pagos”, explicó el abogado Ricardo Robles, defensor de Ricardo Vallejos.
Incautación
Hoy se conoció que la PDI incautó más de $35 millones desde un vehículo a uno de los imputados cuando fue interceptado mientras volvía de Santiago a Chillán. Será tarea del fiscal jefe de Chillán y de la Bridec de la PDI probar que ese dinero, en efecto, era mal habido.
Para respaldar el operativo, la PDI obtuvo grabaciones e imágenes obtenidas desde la vía pública, en Santiago, del momento en que un particular le entregaba el dinero a uno de los imputados
Esa misma tecnología se aplicó en el caso de Iquique, con resultados que se presentaron en la audiencia de ayer.
En el caso local, la audiencia de formalización en contra de ambos abogados chillanejos está programada para este sábado a las 12.00 horas y será arbitrada por la jueza del Juzgado de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez.
Se espera que el fiscal Sergio Pérez realice una exposición de aproximadamente una hora, toda vez que se trata de antecedentes que nacen desde la denuncia hecha en 2018 por el alcalde de Iquique, Juan Alejandro Soria, a la Contraloría General de la República, por las irregularidades del proceso de licitación para el recambio de las luminarias led. Desde entonces, las relaciones investigadas con otros municipios, totalizan 22.
Al menos en Iquique, tras una formalización que se extendió por cerca de 90 minutos, fue el turno de los 15 abogados defensores de la causa.
Ya para las 19.00 horas, apenas habían expuesto cuatro de ellos y se había decidido preliminarmente que la audiencia se extendería hasta la madrugada, pero que no se iba a declarar receso.
“Ambas causas, la de Iquique y la de Chillán, tienen diferencias. Acá no hay concejales detenidos, no se ha hablado de sobornos y creo que se debe descartar el lavado de activos”, comentó el abogado Robles.
“A nosotros lo que nos interesa es, evidentemente, tener claro por qué delitos se está formalizando a mi representado, conocer el grado de participación que le atribuyen y las medidas cautelares que pretenden fijarles. De eso dependerá lo que duren nuestros alegatos”, dijo el abogado Giovani Gotelli, defensor de Campos.
