Un incierto escenario fue el que se abrió luego que el Ministerio Público, a principios de la semana pasada, solicitara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fecha para la realización de un juicio abreviado y así resolver de manera inmediata la situación de cinco de los 22 imputados que, a la fecha, tiene el llamado “Caso Led”.
Esto, porque dos de ellos son los involucrados en la arista chillaneja de este megafraude -como lo ha llamado la Fiscalía Regional de Ñuble-, el exasesor judicial de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos y el axadministrador municipal del mismo consistorio, Ricardo Vallejos. Ambos contratados durante la administración de Sergio Zarzar.
El caso más controversial es el que podría definirse respecto a Vallejos.
Considerando que en caso que su defensa, representada por el abogado santiaguino, Juan Carlos Manríquez, acepte la propuesta fiscal de culminar este proceso en un juicio abreviado, la causa terminará con penas inferiores a las de 5 años y un día, por lo tanto, factibles de cumplir en libertad; pero con la condición que renuncie a su derecho a rendir pruebas ni a contradecir la tesis fiscal y acepten su responsabilidad en los delitos que se les imputan. Y sin embargo, la tesis del abogado Manríquez es que Vallejos es totalmente inocente de todo lo que se ha formulado en su contra.
Es en estos días, entonces, que Manríquez deberá conversar con su representado y determinar si aceptan reconocer haber sido parte de esta red de corrupción en el marco de las licitaciones con la empresa Itelecom S.A. a cambio de una pena no privativa de libertad (pero con los “papeles manchados”), o bien afrontar lo que pueden ser años de espera hasta la llegada de un juicio en el Tribunal Oral en lo Penal, el que perfectamente puede superar una extensión de diez meses de litigios, con miras a ser declarado absuelto.
Consultado al respecto por LA DISCUSIÓN, Manríquez explica que “eso todavía no lo hemos definido. Ante la presentación del Ministerio Público, y a la espera de las precisiones que le pidió el tribunal (sobre las penas que ofrecerá a cada uno de los cinco imputados) tendremos que estudiar esa petición en su mérito”.
De esta manera, el legista no descarta que para Vallejos pueda resultar un mal menor, el declararse culpable de los delitos que se le imputan y poner fin a este proceso que ya se ha extendido por tres años bajo cautelares privativas de libertad, tanto como preso preventivo o bajo arresto domiciliario.
Mayor certeza con Campos
El caso de Marcelo Campos es diferente. Considerando que el entonces juez de Policía Local de Pemuco fue fotografiado recibiendo un maletín de manos del dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, y luego detenido por la PDI conduciendo con ese maletín, que contenía 30 millones de pesos, dentro del vehículo, pocas opciones le quedaron para buscar una absolución.
Sin embargo, a Campos se le imputa no sólo el delito de cohecho, sino que el de violación de secreto siendo esto último negado totalmente por su defensor, Giovanni Gotelli, quien en conversación con nuestro medio adelantó que, dependiendo de lo que ofrezca como penas la Fiscalía, ellos estarían llanos a aceptar el juicio abreviado.
Al igual que su colega Juan Carlos Manríquez, entienden que un juicio que se pueda extender por más de seis meses, llegando incluso al año (entendiendo que son 22 imputados, por lo tanto 22 defensores) significa un costo económico, de tiempo y un desgaste emocional muy alto, “en especial si consideramos que el juicio se tendría que realizar en Santiago”, apunta Gotelli.
Podría definirse in situ
Cierto es que luego que la fiscal Paulina Valdebenito solicitara una fecha y hora al juzgado metropolitano para la realización de este juicio abreviado, el tribunal la ofició de vuelta para que especificara las penas a pedir para cada uno de los cinco imputados.
Sin embargo, la respuesta del Ministerio Público fue que el anticipar tal información era resorte exclusivo de la Fiscalía y no exigible por el tribunal, por lo que es posible que recién en la audiencia podrían comunicarle a los presentes cuál es la oferta penal que les hará el ente persecutor, para que ento
nces, in situ, defensas e imputados, opten por rechazarla o no.
