El Juzgado de Garantía de Chillán declaró admisible una querella por diversos delitos asociados a fraude al Fisco, presentada por dos consejeros regionales de Ñuble, en contra del gobernador regional Óscar Crisóstomo y otros funcionarios, en el marco del caso Fundaciones.
La acción legal fue tramitada por el abogado Juan Pablo González, en representación de los consejeros Lorena Jardúa (RN) y Cristian Quilodrán (Independiente). En sus escritos se expone que “los querellados concretaron el día 31 de agosto y 2 de septiembre de 2022, dos transferencias por $50 millones y $218.100.000, respectivamente a la querellada fundación Pro Cultura, lo que asciende a la dantesca suma de $268.100.000”.
Luego añade que la fundación Pro Cultura, sin que supuestamente estuviera autorizada para ello, procedió a subcontratar los servicios de una consultora de Concepción para organizar un encuentro binacional. Se trata de Servicio Turísticos Esquerré Limitada, “respecto de las cuales la querellada Procultura pagó sobreprecios por los servicios y bienes respecto de los cuales contrató, no estando autorizada para ello”.
Consultada por las motivaciones de la presentación de la querella, la consejera Lorena Jardúa (quien es potencial candidata a la gobernación regional en las elecciones de octubre de 2024, lo mismo que Cristian Quilodrán) , dijo a LA DISCUSIÓN, que “cuando la Región de Ñuble tiene la tasa más alta de desempleo del país y vemos el nivel de corrupción y mal gasto de los recursos, es imposible quedarse paralizado y no ejercer nuestro rol. La ciudadanía nos ha elegido para ser consejeros regionales y como tales, debemos cumplir con rigor lo que la ley nos mandata”.
En respuesta, desde el Gobierno Regional, y a través de un comunicado, manifestaron que pese a que “ningún funcionario de este servicio ha sido notificado judicialmente al respecto, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, desde el Gobierno Regional de Ñuble, estamos activamente colaborando con la investigación del caso; aportando todos los antecedentes requeridos y haciéndonos parte con una querella 268 millones de pesos, que son los que el Gobierno Regional pagó a la Fundación ProCultura, para la realización del Encuentro Binacional que buscaba promover la declaratoria del paso fronterizo Minas-Ñuble.”
Fiscalía de Aysén
El llamado Caso Fundaciones, comenzó a investigarse en 2023, tras un reportaje hecho por el medio TimeLine, en el que se acusaba a representantes de Democracia Viva de crear fundaciones y, a la vez, idear un método de triangulaciones y subcontrataciones para evadir impuestos y evitar fiscalizaciones, siendo el “caso cero” el que tiene por imputada a Karina Oliva y la fundación Chile Movilizado; para con el tiempo descubrirse casos en todo el país.
Por determinación de la Fiscalía Nacional, todas las carpetas de investigación quedaron en manos del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien en dos oportunidades visitó las dependencias del Gobierno Regional, incautando equipos computacionales y teléfonos celulares, incluyendo el del gobernador Crisóstomo.
Volviendo a la arista chillaneja, el abogado Juan Pablo González repasa que “este servicio no se hizo mediante un llamado público, sino que se contrató de manera directa a esta empresa. De esta manera, los operadores, que son los Gobiernos Regionales contactados desde el nivel central se coordinaron con la Subdere, en Santiago y mediante las modificaciones de presupuesto se entregan dineros a actividades que no tienen ninguna utilidad práctica. Un ejemplo, fue el pago de 50 millones para solamente definir la locación del evento”, aseguró.
