Cerca de las 11.00 horas del jueves el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso ante la comisión investigadora de la transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios del Minvu, en la Cámara de Diputados, los resultados de la investigación que la entidad realiza en el ámbito nacional.
Una vez que se abordó el tema de las responsabilidades de los gobiernos regionales, se especificó que se había detectado una serie de anomalías, irregularidades e incluso (en casos puntuales) delitos, los que serán -según anunció- remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Entre los más graves, se cita la falta de falta de control sobre las rendiciones; falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, la falta de determinación, por parte de la seremi de Vivienda y del Serviu de las prestaciones específicas a realizar por la entidad receptora, sobre el objeto de la fundación acreedora de recursos y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas.
Todas estas anomalías fueron detectadas en los casos que son objeto de investigación en la Región de Ñuble, puntualmente, la ausencia de cauciones (documentos) para el cumplimiento de los convenios de transferencia, información precisa sobre el área de ubicación del campamento Borde Río (comuna de Coelemu) y las rendiciones presentadas en formato digital, además de rendiciones no presentadas.
Todas estas inconsistencias involucran directamente a la Fundación EnRed, contratada para realizar campamentos de emergencia en Bulnes y Coelemu, por lo que debido a la alta complejidad del caso “esta Contraloría Regional ponderará instruir un procedimiento disciplinario en la Seremi Minvu y en el Serviu Región de Ñuble, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”. especifica el documento contralor.
Antecedentes a la Fiscalía
Para Bermúdez, ciertos aspectos de esta investigación, más allá de asignarles una sanción de carácter administrativo, merecen una mirada del ámbito penal, especialmente, situaciones observadas en la Región de Antofagasta, donde se entregaron sobre $680 millones a una fundación para realizar limpiezas de un sector específico, pese a que la entidad no tiene el giro requerido.
Otra región en la que se generaron, presuntamente, ciertos delitos es la de El Maule, toda vez que se habría ordenando por parte de una seremía, el contrato de una fundación “con nombre y apellido” después de asignados los recursos.
Y en el caso de Ñuble, el documento contralor especifica que hubo una asignación directa para iniciativas de inversión a EnRed, sin el respaldo de antecedentes que dieran cuenta de cómo se establecieron los costos estimados de cada proyecto y que fundamentaran el monto de las transferencias.
También se acusa la “ falta de determinación, por parte de la Seremi Minvu y del Serviu Región de Ñuble, de las prestaciones específicas a realizar por la entidad receptora; y, sobre el objeto de la fundación y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas”.
Por tal razón, advirtieron que “este Organismo Superior de Control procederá a remitir copia del presente documento al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado”.
Por lo demás, la Contraloría detalla una serie de obligaciones que, en adelante, deberán asumir el Minvu y el Serviu para garantizar la transparencia de los traspasos de recursos a las fundaciones.
Entre ellas, destaca que deberán acreditar la implementación de controles que permitan verificar la correcta y oportuna revisión de los proyectos y de las rendiciones, ajustar sus futuras asignaciones a la concursabilidad, evitar la contratación de privados que no posean experiencia, exigir garantías en los convenios que suscriba; no efectuar gastos de cualquier naturaleza en loteos irregulares, ya que la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de una comuna no implica permitir la consolidación de situaciones anómalas; y el no presentar rendiciones en formato digital, entre otras acciones.
El caso de EnRed se hizo público cuando el pasado 5 de octubre la Policía de Investigaciones, a través de las Brigadas de Delitos Económicos de Chillán y la Anticorrupción de Santiago, incautaron computadores de las oficinas del Minvu y de Serviu, caso que hasta el momento no se ha judicializado.
