Share This Article
Para el fiscal Álvaro Serrano, quien lidera la causa por fraude al Fisco en la Municipalidad de Chillán Viejo, “ha quedado más que demostrado que la señora Lya González no cumplió con las funciones para las que fue contratada. De hecho, había dos o tres personas más que hacían lo que supuestamente era su trabajo”.
De esa manera, en el Ministerio Público resumen algunas de las razones que argumentaron en sus alegatos de clausura, que finalizaron ayer, para generar convicción en el Tribunal Oral en lo Penal de que los acusados Felipe Aylwin, (alcalde suspendido), el exadministrador Ulises Aedo; y la funcionaria Lya González, son culpables del delito de simulación de contrato.
“La Contraloría llegó a la misma convicción, y por el contrario, las defensas no rindieron ninguna prueba que apunte a que la señora González hizo algo, ni firmas, ni correos ni documentos. Ella fue contratada para un puesto hecho a su talla, que ni existía antes que fuera contratada ni existió después de que se fuera”, insiste.
También sus alegatos de clausura fueron por los hechos 2, 3 y 4, en los que Serrano volvió a plantear la idea de la existencia de falsificación de instrumento público, agregando dos acusaciones que no figuraban en los alegatos de apertura en ninguno de los grupos de imputaciones, como la falsificación de certificados (art. 205) y la malversación de fondos por aplicación diferente (art. 236).
“Sin embargo, y como ya se ha visto en este juicio, el fiscal no puede plantear teorías de última hora y que no se incluyeron en la acusación original”, rebate Rodrigo Vera Lama, defensor de la empresaria Silvana Ríos, única acusada que no es funcionaria municipal.
“Son ellos los que prueban”
Para el abogado Ricardo Robles, representante de Ulises Aedo, el que el fiscal Serrano haya dicho que “la defensa no pudo probar que la señora Lya González trabajó”, es un error de conceptos, porque “los que tienen que probar las cosas que se dicen son los fiscales y los querellantes y no las defensas”.
También cuestiona el que se le haya acusado en un comienzo de ser una funcionaria fantasma “y ahora la presentan como operadora política contratada por el alcalde Aylwin. Pero no acreditaron si ella pertenece a algún partido y tampoco demuestra para qué candidato trabajaba”.
Robles, finalmente recordó que la perito contable, Pamela Zúñiga, “dio por acreditada toda la relación laboral que existía, es decir contrato de honorarios, informes de actividades mensuales, boletas de honorarios y los respectivos decretos de pago”.
Hoy, la audiencia se reinicia con los alegatos de clausura del Consejo de Defensa del Estado y parte de la defensa.
Respecto a si se trabaja o no el día jueves (feriado) es un tema que se deberá resolver hoy.
Hasta ayer el tribunal no lo tenía definido e incluso se abrieron a la posibilidad de discutirlo con los intervinientes.
Lo que sí está confirmado es que el viernes sí habría audiencia, por lo que tampoco se puede definir si el fallo se dicta ese mismo día o la próxima semana.
“Deleznable”
Por último, el fiscal Serrano confirmó que “estoy estudiando la posibilidad de tomar acciones legales en contra del abogado Giovani Gotelli”, esto porque el defensor lo increpó por actuar, según sus palabras, de manera “deleznable”, en público.
“Primero dijo que yo era deleznable y luego modificó su versión. Como sea, sus dichos me parecen injuriosos y él no puede venir y darse el gustito de insultar a un fiscal porque le desacreditó a un testigo”, advirtió.
