Share This Article
El martes 29 de octubre, la Fiscalía Regional de Los Lagos, presentó ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, la acusación contra un total de 13 imputados por la causa conocida como “Caso Cuentas Corrientes”, enmarcada en supuestos actos de corrupción que mantuvieron las municipalidades de San Ignacio, Ñiquén y Bulnes, con la consultora Gestión Global, del empresario Rodrigo Carmona.
Entre las penas solicitadas para cada uno de los formalizados y que van desde los 22 a los 3 años de cárcel, incluyen en la mayoría de los casos, accesorias como el decomiso de bienes, equipos celulares y computacionales, hasta multas o periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Pese a la condición de reserva de la causa, información obtenida en exclusiva por LA DISCUSIÓN, muestran que la pena más alta es la que se solicita en contra Rodrigo Carmona, de 7 años por estafas y otra de 15 años por delitos de sobornos reiterados, junto con el comiso de bienes muebles e inmuebles.
Conforme a la tesis fiscal, Carmona ofrecía sobornos a algunos funcionarios municipales, a condición que lo favorecieran en la licitación para realizar auditorías financieras y el posterior llamado a la banca para el concurso por el manejo de las cuentas corrientes de los respectivos consistorios.
Dentro de los 13 -ahora acusados- también figuran los entonces alcaldes Manuel Pino (Ñiquén) y Guillermo Yeber (Bulnes) para quienes se piden penas de 7 años, más inhabilitaciones por cohecho; y otra, de 4 años por fraude al fisco.
En cuanto al exalcalde César Figueroa (San Ignacio), lo solicitado corresponde a una pena de 12 años más inhabilitaciones y comisos, por el delito de cohecho, y otra pena de 4 años por fraude al fisco.
Para los funcionarios Carlos Fernández (Ñiquén) y Eduardo Suazo (San Ignacio) la pena solicitada es de 10 años, multas, comisos y 1 año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Otros 7 años de cárcel es lo que arriesgan el exdirector regional del Serviu de Los Ríos, Rodrigo Sepúlveda y el exjefe del Daem de Bulnes, Salvador Lavagnino.
Mientras que la arquitecta Paula Milanese, asistente de Rodrigo Carmona, arriesga una pena efectiva de 5 años y un día por el delito de estafas reiteradas.
Finalmente, para otros exfuncionarios de la Municipalidad de San Ignacio, como Axel Quezada y Krysler Monrroy, o para el particular Rodrigo Sandoval, las penas irían desde los 3 a los 5 años, más otras accesorias, por lo que no necesariamente serían privativas de libertad.
Dos audiencias pendientes
Para este miércoles 6 de noviembre se fijó una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Bulnes, donde se discutirá la posibilidad de ampliar el plazo de investigación de la causa.
Si el tribunal acoge la solicitud, la Fiscalía deberá dejar sin efecto la acusación actual y rehacerla una vez que expire el nuevo plazo, sin que necesariamente varíen las solicitudes de penas ya consignadas.
Si se rechaza la solicitud -considerando que el caso se lleva investigando desde el mes de abril de 2023- se realizaría la audiencia de preparación de juicio oral el día viernes 29 de noviembre.
Respecto a las posibles sentencias, el abogado Giovanni Gotelli, quien representa a Rodrigo Sandoval, insiste en la inocencia de su representado y añade que “con el tiempo le han ido cambiando las imputaciones, las que cada vez son de menor intensidad, por la sencilla razón de que no tienen nada de qué acusarlo ya que el señor Sandoval no tiene nada que ver con los hechos investigados en este caso Cuentas Corrientes, ni en las tratativas que pudo o no haber hecho con los municipios el señor Carmona”.
Para Gotelli, “las acusaciones y las penas son totalmente exageradas. No nos olvidemos qué él (Sandoval) estuvo preso preventivo por cerca de ocho meses, sin que tuvieran una prueba concreta en su contra, con todos los costos personales y familiares que eso le ha significado”.
En tanto, el abogado Sergio Zúñiga, quien defiende a Krysler Monroy, apunta que “ahora lo que está pendiente es la acusación del Consejo de Defensa del Estado, en el caso de mi representado, ha ido bajando el grado de participación que se le imputa y hoy figura en calidad de cómplice, situación que nosotros también estamos discutiendo y tal vez podremos resolverlo con algún procedimiento abreviado”.
