Conforme avanzaban los días tras la formalización del caso “cuentas corrientes” por parte de la Fiscalía Regional de Ñuble, en torno a delitos de corrupción en el marco de las contrataciones de consultorías destinadas a crear bases de licitaciones de cuentas corrientes, uno de los puntos más controversiales en las imputaciones hechas por la fiscal Nadia Espinoza, apunta al delito de fraude al fisco en las municipalidades de San Ignacio y de Ñiquén.
El argumento del ente persecutor estriba en que el fraude se deduce de la contratación de un profesional – en este caso el empresario y dueño de la consultora Gestión Global, Rodrigo Carmona- para realizar un estudio que, a entender de la Fiscalía, perfectamente pudo haber hecho algunos de los ingenieros comerciales que trabajan en los municipios investigados.
El contrargumento de las defensas, es que ante tal escenario, todas las municipalidades del país y las instituciones públicas en general, se ven en la obligación de contratar asesorías profesionales para resolver situaciones específicas, sin que eso les signifique una persecución ni una sanción penal.
Es en este ítem específico del caso “cuentas corrientes” que LA DISCUSIÓN, conversó con profesionales del mundo de la ingeniería comercial, de las finanzas y del derecho penal para proyectar los resultados posibles de esta parte de la investigación que la fiscal Espinoza desarrolla junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, de la Policía de Investigaciones de Chillán.
Investigación periodística que forzosamente debe arrancar por entender los modelos de negocios participantes, el de las ganancias municipales por licitar servicios cuentacorrentistas y las ganancias que obtienen quienes ofrecen el servicio de consultor financiero para la posterior confección de las bases de licitación.
Y en ambos modelos, ya muy extendidos en el país, el nombre del empresario chillanejo Rodrigo Carmona, asoma como el puntapié inicial.
La fundamental tasa de interés
Hasta fines del siglo pasado, en general los únicos bancos que manejaban las cuentas corrientes de la totalidad de las municipalidades del país eran el Banco Estado y el Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Situación similar a la que, hasta la fecha, se observa en otras entidades estatales de Chile, como por ejemplo los tribunales del Poder Judicial y otros organismos públicos.
Sin embargo, a diferencia de éstos últimos, la Ley no obliga a los municipios a tener exclusividad con el Banco Estado y una de las primeras personas en Chile en advertir una buena posibilidad de negocios en la interrupción de esos contratos consuetudinarios, fue el empresario chillanejo y exfuncionario municipal de Chillán y de Chillán Viejo, Rodrigo Carmona.
Es más, hay quienes derechamente lo sindican como el primero.
Carmona, quien desde el 17 de abril pasado se encuentra bajo la cautelar de prisión preventiva e imputado por los delitos de soborno, violación de secreto y estafa frustrada, ideó un servicio de consultoría contable que, mediante el estudio de las finanzas e ingresos anuales de cada consistorio, le permitía realizar las bases para llamar a licitación pública el manejo de esos dineros en las cuentas bancarias de los bancos interesados en manejar esos recursos.
De esta manera, no sólo el BancoEstado y el BCI tuvieron ahora que “competir” por estos onerosos clientes, sino que también entraron a la oferta de las tasas y servicios preferenciales otros bancos como Coorpbanca, el Banco de Chile o el Banco Itaú.
Richard Guzmán, administrador público de la Municipalidad de Chillán explica que “hasta ese punto, estamos frente a un negocio completamente lícito y que regularmente es fiscalizado en todos sus procesos por parte de la Contraloría General de la República”.
Para el municipio chillanejo, desde el 2016 y con obligaciones por ocho años, quien maneja la cuentas corrientes es el BCI, que ofreció una tasa cercana al 4,41% de retorno, de acuerdo al monto total que se recaude cada año.
Su competidor fue entonces el BancoEstado, cuya oferta fue de un 3,5% como tasa anual.
A semejanza de los depósitos a plazo, el BCI le entrega a la Municipalidad de Chillán ese porcentaje prorrateado por mes.
En consecuencia, la Municipalidad de Chillán, cuyos ingresos por recaudación promedian los $37 mil millones, recibe sólo gracias a esa oferta de tasa de retorno, “cerca de entre 1.300 y los 1.500 millones al año, los que se perciben en depósitos mensuales de entre 110 y 120 millones mensuales cada 30 días”, destaca el administrador municipal, quien afirma que “al revisar las bases de estas licitaciones te puedes dar cuenta que el criterio más importante es siempre el porcentaje de la tasa de rentabilidad”.
Esto, independiente de otros beneficios que las entidades financieras ofrezcan de manera adicional, como por ejemplo la creación de sucursales en las comunidades, la instalación de cajeros automáticos, o las atenciones propias de los clientes preferenciales.
Pese a que se trata de una gran cantidad de dinero que se percibe solamente por contar con una cuenta corriente licitada, en Chile, no todos los municipios han optado por operar con este sistema, a juicio de Guzmán, sólo porque “no han dado ese paso de licitar. E insisto, es un modelo de administración de recursos no solamente beneficioso, sino que absolutamente lícito e imperseguible penalmente”.
Pero es justo en medio de estas dos esferas, el Estado y la Banca, que son las que manejan la mayor cantidad de recursos en el país, donde Rodrigo Carmona ha conseguido instalar su consultora Gestión Global, en 71 oportunidades en diferentes municipalidades. 14 de ellas, en Ñuble.
Lo que el Ministerio Público investiga, es si para un alcalde era o no necesario contratarlos para hacer las bases de las licitaciones para cuentas corrientes.
Al menos, en la Municipalidad de Chillán, quienes realizaron las bases fueron las directoras de la Unidad de Finanzas y de la Tesorería Comunal, sin la necesidad de contratar profesionales externos.
El negocio que ofrece Carmona
Por tratarse de un modelo inexistente, lo que hizo Rodrigo Carmona, a partir del 2012 fue recorrer varios municipios del país para realizar diferentes exposiciones ante los respectivos concejos municipales, para explicarles a alcaldes y ediles cómo ganar dinero extra mediante la banca.
Eran exposiciones didácticas y con un lenguaje realmente sencillo, toda vez que no necesariamente, los concejales o los alcaldes son entendidos en materias bursátiles o de rentabilidad financiera.
De hecho, en algunos consistorios rurales, sus láminas de exposición estaban amenamente ilustradas con figuras de Condorito.
Con el paso del tiempo y ya con algunos resultados para exhibir, Carmona presentaba cuadros comparativos para que los concejales compararan los ingresos entre las municipalidades que habían licitado respecto de las que no.
Es así que ante el concejo de Los Vilos, en 2017, expuso que “Gestión Global SPA es una empresa de consultorías y capacitaciones cuya principal función es asesorar a las municipalidades en estudios financieros para incrementar sus ingresos por concepto de mantención de cuentas corrientes”.
Por tal motivo ofrece “determinar la viabilidad legal de modificar, prorrogar, finiquitar u otra figura jurídica del contrato que actualmente mantiene la Municipalidad con la entidad bancaria”, y aclara además que “nuestros honorarios están en función de los resultados, la municipalidad paga después que el banco les paga (los intereses NdeR.) Si es mensual, cobramos el 15% de lo que les llegue a ustedes”.
Como refuerzo didáctico del modelo, presenta una tabla con los porcentajes de ganancias obtenidos por diversas municipalidades en 2017, en las que destacan algunas como la de Valparaíso ($61.283.090.047 al 3.03% de interés) o la de El Bosque ($53.753.661.134 al 3.53% de interés) y detalla respecto a sus remuneraciones, que estas equivalen al 10% de esos intereses si lo que se recaudaba era menos de 325 millones al año; y un 15% si la recaudación partía en los $1.800 hasta los $5.400 anuales por concepto de intereses.
Se estima que la investigada Municipalidad de San Ignacio promedia ingresos por $10 mil millones anuales.
La propuesta de Carmona especificaba un servicio de ocho pasos: Levantamiento de la situación financiera actual de la municipalidad; el levantamiento de las ofertas bancarias; la construcción de un diagnóstico compartido; la etapa de contratación; monitoreo y apoyo del proceso, la evaluación de las ofertas bancarias; negociación y formalización; y por último, ser la contraparte para la ejecución.
Municipios como el de Cobquecura o el de San Ignacio, que licitaron con Carmona, le pagan sus utilidades en mensualidades que promedian los 150 mil pesos mensuales.
Pero Rodrigo Carmona, según la Fiscalía recibe ingresos por cerca de $60 millones mensuales por estas asesorías prestadas en todas las municipalidades que lo contrataron.
¿Fraude al fisco?
Con el antecedente en mano, respecto a que esa misma asesoría que ofrece Gestión Global como consultor externo, se hizo en la Municipalidad de Chillán sin la necesidad de contratar servicios foráneos es que para el administrador del consistorio local, Richard Guzmán, tal contratación puede ser tal lícita como ilegal dependiendo de algunas circunstancias puntuales.
“Yo creo que es prácticamente imposible que exista una municipalidad en el país que no cuente con profesionales del área contable o financiera, por ejemplo todas las municipalidades tienen un director de control a quienes se les exige formación profesional en esas materias, porque de lo contrario es imposible que pueda revisar los movimientos contables. Y además están los jefes de administración y finanzas, sería descabellado que en una municipalidad no los tuvieran”.
En este punto, el abogado penalista Miguel Chávez, quien defiende a Marcelo Lefort, dueño de la empresa Itelecom e imputado por el “caso led”, advierte que el que sea caratulable como fraude al fisco el que un municipio contrate asesorías específicas hechas por personas que cuentan con los mismos títulos de profesionales que ya tiene la municipalidad, no depende sólo de eso.
“Si el director de Obras, por ejemplo, es arquitecto, lo que es muy corriente, no significa que un día pueda llegar el alcalde a pedirle que diseñe una obra específica para la Municipalidad, porque el director de Obras no fue contratado para eso, no se puede apartar de sus funciones ni se le puede pagar adicional para que haga labores, que si bien son propias de su especialidad, no forman parte de su contrato”.
En respuesta, Richard Guzmán, advierte que “un municipio, perfectamente, puede asignarle una función extraordinaria a un profesional de su planta, basta un decreto alcaldicio que lo declare en comisión especial y se le saca de sus funciones por el tiempo en que dure el proyecto puntual”.
De todas formas, el jurista sostiene que “hablando en abstracto porque no conozco la causa de la fiscal en Ñuble, decir que si hay ingenieros contratados en una entidad u organización, no se puede contratar a otros ingenieros como consultores, me parece que es un error, a menos que se contrate a un profesional externo para realizar un trabajo que por la orgánica institucional está asignada a otro funcionario”.
Como ejemplo, cita una reciente publicación realizada por el Ministerio Público en el que se licita el servicio de diseño de la política de persecución penal para empresas privadas.
“Para mí, eso es un plan estratégico, porque se llama a personas jurídicas que cuenten con experiencia en la materia, lo que es muy raro porque si en Chile hay una institución que cuenta con funcionarios capaces de hacer ese trabajo es el Ministerio Público”.
Para Francisco González, abogado y docente de la Universidad de Concepción de Chillán en la Escuela de Administración y Negocios, tampoco se estaría ante un delito de fraude.
“A lo más se estaría ante una falta administrativa, porque por ejemplo, legalmente hay municipios que contratan abogados externos para juicios específicos; y entonces acá se aplica la misma lógica”.
Sin embargo, el especialista advierte que los municipios en su orgánica reglamentara siguen siendo una estructura corruptible.
“Lo que pasa es que el sector en general tiene este problema porque la entidad es muy obsoleta. Vemos que existe un concejo fiscalizador pero hoy esa entidad cuenta con muy poco presupuesto y con alcances muy limitados respecto a la Contraloría, quienes a su vez no cuentan con el implemento humano para poder realizar el trabajo como se requiere. El caso Led es un claro ejemplo”.
Finalmente, el abogado cuestiona el que una entidad fiscalizadora cuente con directores elegidos con base en criterios políticos y que además “se rige por estatutos antiguos, como el que se realicen sumarios secretos, lo que ya ni siquiera el Ministerio Público hace, salvo en temas muy específicos y mediante orden judicial”.
Siempre en el contexto de este debate, el abogado penalista César Ramírez, de Concepción, sugiere poner atención en las intenciones potencialmente fraudulentas que pudiese esconder una contratación que en el papel asome como lícita.
“Las municipalidades, dentro de sus funciones puede contratar de forma directa o vía licitación, a profesionales para realizar labores muy puntuales y acotadas, pero el tema es cuando un alcalde consiente en que se defraude a una municipalidad para obtener beneficios personales. Pero si la municipalidad contaba con las partidas para contratar profesionales externos, no hay problema jurídico alguno; sin embargo, si esta autorización no existe y se contrata a un profesional para concertadamente y mediante subterfugios, sacar dinero a la municipalidad estamos, obviamente, frente a un fraude”.
Por último, y tras revisar los antecedentes conocidos hasta ahora de estos casos de cohecho y soborno en dos municipios de Ñuble, el director ejeutivo de la Fundación América Transparente, Juan José Lyon, sostiene que “nuevamente los dineros de los vecinos se transforma en un botín. Es poco lo que aún se sabe de la investigación por su carácter secreto, pero estamos frente a un caso como el de las Luminarias donde habría sobornos a alcaldes y funcionarios municipales para adjudicarse compras públicas”.
El analista advierte que gran parte de estos contratos fueron hechos a través de trato directo, lo que en teoría pudo permitir que “esta empresa haya sido elegida prácticamente a dedo. Cabe preguntarse qué rol cumplieron los concejales en fiscalizar efectivamente estas compras. Ojalá se avance en los proyectos de ley de probidad municipal, compras públicas y transparencia 2.0 que introducen mejoras para que casos como este empiecen a ser menos comunes”, concluyó.
