Conforme al avance de la investigación judicial del caso bautizado mediáticamente como “Cuentas Corrientes”, los debates jurídicos se han ido perfilando a dos puntos centrales: si el haber licitado de manera irregular, por parte de las municipalidades de San Ignacio y de Ñiquén, fue o no un perjuicio para los consistorios (que en estricto rigor recibieron dinero), y si los pagos, favores o regalos que los funcionarios recibieron por parte del empresario Rodrigo Carmona, fueron un acto de cohecho o “un premio”, como lo ha planteado la defensa del dueño de Gestión Global SPA.
Para el equipo jurídico defensor, las interpretaciones hechas del caso por la jueza Claudia Aguayo, titular del Juzgado de Garantía de Bulnes, no han sido satisfactorias.
La magistrado no se ha inclinado en las tesis de la defensa que apuntan a que la gestión de Carmona, lejos de ser un perjuicio fueron un aporte para ambos municipios, entendiendo que les permitió recibir cientos de millones de pesos por concepto de los intereses de los bancos que, gracias al llamado a manejar las cuentas corrientes consistoriales, han recibido por primera vez en su historia.
Tampoco fue atendido el argumento que pretende mostrar a Rodrigo Sandoval como un simple colaborador de la consultora de Carmona, por lo que no tendría participación en ninguno de los delitos que se le imputan.
Por esta razón, el pasado jueves la jueza Aguayo rechazó la solicitud de los abogados Giovanni Gotelli y Carlos Astorga, de revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ambos desde fines de abril.
“Pero apelamos. Respecto de ambos y esperamos que este viernes (mañana) se realice la audiencia en la Corte de Apelaciones”, explicó Gotelli, quien insiste en que “aquí no hay fraude, el negocio del señor Carmona es lícito”, y en que “no hay absolutamente nada que explique porqué el señor Sandoval está privado de libertad”.
Las razones de la magistrado
En la pasada audiencia celebrada en Bulnes, la magistrado Aguayo dejó en claro su parecer respecto a si se está o no en presencia de un fraude, respecto al tipo de cohecho en el que incurrieron los funcionarios públicos de San Ignacio y Ñiquén (entre ellos los alcaldes César Figuera y Manuel Pino), y sobre el rol de Rodrigo Sandoval en esta causa.
Para la jueza, el exconcejal de Chillán, “no es un simple empleado al que se le da una orden; es una parte del trabajo que hace el señor Carmona, por los contactos que tiene, por las personas que conoce, para acercarse a ciertos funcionarios de las municipalidades que tienen llegada con el alcalde”.
Añade que la reciente declaración del alcalde de Ñiquén, confirma que “con quien realizó las primeras conversaciones, muy anteriores al proceso de licitación, fue con el señor Sandoval, de manera que parto descartando que el señor Sandoval haya sido un simple trabajador que no tenía conocimiento”.
Respecto si se está o no ante un delito de fraude, la magistrado advierte que “para este tribunal sí hay una estafa y un fraude, además, nada asegura que los ingresos que esto le significó a la municipalidad pudieron haber sido menores o mayores si el proceso se lo hubiese adjudicado otra consultora”.
Se desprende entonces que a juicio del tribunal, el perjuicio no está dado por los ingresos obtenidos, sino que está dado porque es una consecuencia de esta apariencia de derecho, apariencia de legalidad.
“Todo esto encubre un engaño. Este proceso ya estaba asegurado para que estos beneficios favorecieran a una persona, sin que existiera una real competencia en orden a adjudicarse este mismo servicio”, mencionó.
Finalmente, en cuanto a la figura de cohecho, y si es un cohecho simple o un cohecho agravado, “creo que es agravado porque las obligaciones que tenían los funcionarios, en este caso, no es solamente el recibir plata a cambio de alguna cosa, que incluso han llamado “el premio”, es decir algún beneficio, o las camisetas o sumas de dinero en cheques, sino que es efectivamente, un caso de omisión de deberes que correspondían a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”, añadió.
Considerando que Carmona tuvo tratos con diversas municipalidades en Chile, la causa quedó en mano de la Fiscalía Regional de Los Lagos, con alcance nacional.
