El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Chillán, interpuso una querella criminal en contra de los exalcaldes César Figueroa, de la Municipalidad de San Ignacio, y Manuel Pino, de la Municipalidad de Ñiquén, los exfuncionarios públicos Krysler Monroy, Edgardo Suazo, Carlos Fernández, Juan Pablo Santos; los particulares Rodrigo Carmona y Rodrigo Sandoval y de todos quienes resulten responsables, por los delitos de soborno, cohecho y violación de secreto, todos previstos y sancionados en el Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan determinarse durante el curso de la presente investigación.
De acuerdo con la acción del CDE, interpuesta en el Juzgado de Letras y Garantía de Bulnes, el querellado Rodrigo Carmona, quien contaba con una red de contactos en diversas instituciones públicas, valiéndose de su empresa “Gestión Global SpA”, y a través del cohecho a funcionarios públicos, “obtenía que las municipalidades llamaran a licitación y le adjudicaran contratos para prestar distintas asesorías, para la suscripción de contratos de cuentas corrientes con diversos bancos”, por cuyos servicios recibía como pago un porcentaje de los intereses calculados en relación con los saldos mantenidos mensualmente en dichas cuentas corrientes.
El Consejo de Defensa del Estado afirma que “para concretar dichas licitaciones, Carmona actuó concertadamente con Rodrigo Sandoval, quien obtenía reuniones con diferentes alcaldes y otros funcionarios municipales, ‘a quienes ofrecían una suma de dinero a cambio de que estos accedieran o incidieran en la apertura de una licitación para contratar un servicio de análisis de viabilidad financiera y jurídica y, asimismo, que, a través de ella, dicho contrato fuera adjudicado a su empresa”.
La entidad detalló que a partir de la suscripción del contrato de cuenta corriente con el banco, la municipalidad comenzaba a pagar un honorario mensual a Gestión Global, SPA, “el que además debía pagarse por todo el periodo de duración del contrato licitado con el banco, que generalmente tenía una duración de cinco a seis años”.
Según el CDE. “este modo de perpetración del delito se habría concretado en la I. Municipalidad de San Ignacio, a través del director de Salud de ese municipio, Krysler Monroy, quien contactó a Carmona con su entonces alcalde César Alberto Figueroa Betancourt, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por estos hechos”.
A través de un comunicado el CDE agregó que “dicha licitación y posterior contrato se efectuó también en la I. Municipalidad de Ñiquén, oportunidad en que el querellado Carmona, a través de las gestiones del querellado Rodrigo Sandoval, tomó contacto con el alcalde de la I. Municipalidad de Ñiquén, Manuel Pino, así como con el jefe administrativo del Departamento de Administración de Educación Municipal, Carlos Fernández, para cerrar dicho acuerdo”.
El hecho, de acuerdo al Consejo de Defensa del Estado, se repite en la I. Municipalidad de Portezuelo a través del querellado Juan Pablo Santos Riquelme, quien se desempeñaba como director de Control del municipio.
Los hechos dan cuenta que de 81 licitaciones en las que participó la empresa “Gestión Global SpA”, se adjudicó 72 de ellas a nivel nacional, distribuidas en 56 municipios, y en al menos 30 licitaciones públicas, habría sido el único oferente.
