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Los municipios son especialmente importantes para la vida cotidiana de las personas, ya que inciden en diferentes aspectos que impactan directa e indirectamente en su calidad de vida. Sus funcionarias y funcionarias son la cara más visible del Estado para la inmensa mayoría. Y por lo mismo, cobran gran relevancia sucesivos casos que revelan irregularidades en diferentes municipalidades de la Región.
Algunas denuncias no pasan del alarde del denunciante y han mostrado una clara intencionalidad política-electoral, pero en otras sí se aprecian evidencias de corrupción, como ocurre con el caso Cuentas Corrientes que estaba llegando al término de su fase investigativa, pero se extenderá a solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya tesis es que hay más funcionarios de municipalidades de Ñuble involucrados, no solo los formalizados por el ministerio público.
Como es de conocimiento público, a fines de octubre, el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, una acusación contra trece imputados por delitos de cohecho y fraude al Fisco, ocho de los cuales son exfuncionarios de las municipalidades de San Ignacio, Ñiquén y Bulnes.
Precisamente el perjuicio fiscal detrás de este caso motivó que también se hiciera parte el CDE, que pidió esta semana al Juzgado de Garantía de Bulnes (donde está radicada esta causa) ampliar el plazo de investigación en 60 días (le concedieron 45) para depurar algunas diligencias, pero también para ampliar las indagatorias a otros municipios de la región, en las que en virtud de sus antecedentes, el empresario acusado por sobornos y estafas, Rodrigo Carmona, tuvo tratativas irregulares con funcionarios municipales no incluidos en la acusación presentada la semana pasada por la Fiscalía.
De hecho, en los argumentos presentados por la entidad estatal para prolongar las indagaciones, se explica que conforme a sus antecedentes, coincidentes con un informe de la Contraloría de octubre de 2023, no parece plausible que Carmona haya conseguido siete contratos en Ñuble sin la ayuda de funcionarios municipales que les sirvieran de cómplices. En consecuencia, no es aventurado pensar que en enero de 2025 la lista de involucrados se extienda y se presenten nuevas acusaciones por el Caso Cuentas Corrientes.
Expertos coinciden en que la falta de probidad encuentra su mayor expansión en los gobiernos comunales y advierten que es un tema crítico para una efectiva agenda de fortalecimiento municipal, pues un proceso exitoso debe ir más allá de transferir autoridad, funciones y recursos a las autoridades locales, sino que también debe fortalecer el marco institucional de transparencia y probidad en los gobiernos municipales.
A la luz de los hecho que hemos conocido, asumiendo que la ética es una barrera de poca eficacia, los mecanismos de control de la orgánica municipal y de la actuación de sus funcionarios ya no solo deben fortalecerse, sino reformularse, haciendo obligatorias, por ejemplo, las declaraciones de intereses y patrimonio en los niveles directivos, además de establecer estándares mucho más exigentes en materia de gestión e información financiera.
Se necesita mejorar sustancialmente en este tema, cuyos avances en las últimas décadas han sido inversamente proporcionales a su recurrencia en el discurso político y donde la evidencia sobra para concluir que el descriterio y la corrupción también amenazan a los gobiernos que son la base de la democracia y el vínculo más cercano de la gente con el servicio público.
