La historia de la muerte del personaje televisivo, Sebastián Leiva, conocido como el ”Cangri”, tuvo ramificaciones en Ñuble que inesperadamente siguen escribiendo nuevos episodios judiciales.
Fue en Quillón donde se detuvo a Sebastián Cornejo, testigo clave en el caso, no solo de la muerte en el desierto boliviano del rostro televisivo, sino que actor de episodios claves que derivaron en esa muerte y que estarían vinculadas a actividades de robo de vehículos y -según presume la PDI- en drogas.
En el operativo también se detuvo a un vecino del sector, Jorge Sagredo Valenzuela, de 61 años, sindicado como el cuidador de la parcela en la que se refugiaba el prófugo.
La PDI lo acusó de haber efectuado disparos contra los efectivos y de brindarle seguridad a Valenzuela. Se le formalizó el 14 de marzo por infracción a la Ley de Armas y se dictó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva.
“Pero lo que pasa es que mi papá no tiene nada que ver con ese caso, ni siquiera conocía a la otra persona que detuvieron, ni tampoco había escuchado del ‘Cangri’. Él es una persona que ha vivido toda su vida en el campo y no era el cuidador del fundo, tampoco”, dice su hijo Edgardo, acusando de esa manera desprolijidad en el procedimiento policial y una detención ilegal en contra de su padre.
Este lunes Sagredo cumplirá un mes privado de libertad, por lo que la familia ya contrató abogados particulares en Concepción (el caso se tramitó en Talcahuano) para que se revierta y aclare su situación.
Disparos de advertencia
Sagredo Valenzuela no tiene antecedentes penales y vivía con su madre en una de las más de 14 parcelas que hay en el sector.
“Y no es que él fuera el cuidador, lo que pasa es que como vive por años allí, los otros propietarios le piden solo que esté pendiente y que si ve algo extraño avise a Carabineros. Y eso fue lo que hizo”, continúa Edgardo.
Conforme a su relato, la noche anterior a la captura de Cornejo “lo llamaron para avisarle que habían visto autos circulando cerca de las parcelas, en la noche y sin luces. Él llamó a Carabineros, pero llegaron como dos horas después”.
Es por eso que Sagredo fue a buscar las cosas de valor de la casa de su vecino, como un televisor y una escopeta, para evitar su robo.
“Y fue en ese contexto que él vuelve a ver un auto sin luces circulando y lo que hizo fue efectuar dos disparos en señal de advertencia. Al otro día, cuando detienen a la persona que andaban buscando, allanan la casa de mi papá, retiran la escopeta que incluso estaba inscrita y se lo llevan detenido”, comenta.
Pese a que la PDI cuenta con un documento que acredita que la dueña de casa, mediante su firma, autoriza la entrada y registro del hogar, “la forma en que llegan a tu casa es tan agresiva y tan intimidante que no te queda más que firmar, pero ellos llegaron sin orden judicial de entrada y registro”.
De esta manera, en la familia del quillonino aseguran que “a mi papá lo encarcelaron en base a lo que la PDI cree, sin tener una sola evidencia, y el fiscal hizo un trabajo poco prolijo causándonos un daño moral enorme a toda la familia”.
Pese a que se sindicó al fiscal Álvaro Hermosilla (hoy jefe del Sacfi en Chillán) como quien encabezaba esta causa, desde la Fiscalía Regional aclararon que “el fiscal se limitó a realizar las primeras diligencias que incluyeron la formalización del 15 de marzo. El 22 de marzo la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar”
