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Señor Director:
El caso de Isabel Amor -exdirectora de Sernameg en Los Ríos-, ha tenido múltiples abordajes, por un lado, parece claro que no es un problema legal ya que los cargos provistos por la Alta Dirección Pública pueden ser removidos como cualquiera que sea de exclusiva confianza. Por otra parte, está en el debate público los estándares éticos que debe cumplir un funcionario y la total subordinación de cualquier consideración personal al interés general como representante del Estado.
Cualquier actuación de una autoridad es un acto político (más allá de cualquier consideración legal, ética o administrativa) que genera consecuencias políticas, por que implican representaciones simbólicas del ethos de un gobierno. Lo anterior, tiene que ver con principios y valores que definen dicho ethos, como el respeto por la dignidad de las personas, donde las formas son parte de dicha construcción simbólica.
En el caso de la señora Amor, hoy es imposible tener clara la razón de su remoción. Estas van desde no informar la situación de su padre -lo que parece totalmente fuera de lugar ya que la sentencia era de público conocimiento (y sería totalmente impropio que pagara culpas por las actuaciones de su progenitor)-, la imprudencia en sus eventuales declaraciones en una entrevista y la oposición de asociaciones de funcionarios, entre otras. Lo anterior muestra, en el mejor de los casos, una total desprolijidad en la actuación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y, en el peor, una evidente falta de consideración por la dignidad de la afectada, que no tuvo derecho a conocer las razones de la pérdida de confianza.
Eric Latorre
Académico UACH
